Carbón para la locomotora española
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En las últimas semanas se ha levantado un gran revuelo en los parlamentos y en la prensa española a propósito de la decisión del presidente Sánchez de regularizar a medio millón de personas que, hasta ahora, habían residido en España de manera irregular. No obstante, se estima que otras 350.000 personas seguirán viviendo en situación irregular, con la precariedad y la exposición que ello conlleva.
Nos podemos preguntar por qué el gobierno de España ha decidido tener esta iniciativa ahora, en contra del sentido común que ha unido al resto de gobiernos europeos en su decisión de restringir cada vez más el acceso a sus países. ¿Acaso vivimos los proletarios de la región española en una Arcadia reformista frente a los embates y las turbulencias de la extrema derecha? ¿Es posible que los súbditos del reino de España hayamos superado la podredumbre capitalista sin haber tenido que pasar por una revolución? Pues bien, vamos a proceder a admirar esta proeza nacional que, sin lugar a dudas, haría las delicias de los Bernsteins y Labriolas de turno.
Impulsada por esa máquina devoradora de trabajadores, ciudades y ecosistemas que es el sector turístico, la economía española crece a un ritmo notablemente superior al de las demás economías de la zona euro, habiendo cerrado el primer trimestre de 2026 con un incremento del 0,6% del PIB. Por primera vez en la historia, se ha superado la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nuestro gobierno, además, se ha convertido en el baluarte de la oposición mundial a la administración Trump, posicionándose “en el lado correcto de la historia” siempre que ha tenido la oportunidad. España marcha “como un cohete” (Sánchez dixit) y ni la guerra ni la alargada sombra del “fascismo” parecen poder frenarla. Con todos estos datos en la mano, uno podría llegar a pensar que nuestro deber como proletarios tendría que ser entregarnos a la defensa del reino socialista como bastión frente a la reacción, en lo que sería una versión monárquica de la defensa de la URSS por parte de los estalinistas de todo el mundo. No en vano, esta es la posición de buena parte de la izquierda (la institucional y la que no lo es tanto) en la región española. Entonces bien, ¿cómo cabe oponerse a estos éxitos? ¿Puede ser que, con este giro a la izquierda, el PSOE haya dejado de ser simplemente el mal menor?
Tantos éxitos nos hacen requerir una lectura pormenorizada de la situación, dedicándonos esta vez a abordar las políticas migratorias de la administración Sánchez. Para ello necesitaremos tomar distancia de los alegatos hipócritas ante las cámaras sobre la diversidad, la igualdad ante la ley y los valores éticos de la izquierda, para constatar que en primer lugar y ante todo, para el capital y sus gestores el proletariado inmigrante es, tanto como el proletariado autóctono, mero carbón para la locomotora de la economía nacional.
Las políticas migratorias son uno de los principales mecanismos, junto a las políticas de natalidad, con que se regula el flujo de mano de obra que esta necesita para funcionar a pleno rendimiento. Pero esto no está exento de contradicciones. Los capitalistas individuales tienen interés en una mano de obra lo más barata y precaria posible, por lo que sus discursos racistas y patrióticos de «prioridad nacional» sirven al mismo tiempo para intentar convencer a los proletarios con papeles de que están en el mismo barco que ellos y para dar rienda suelta a su voracidad de proletarios sin papeles. Por su parte el Estado, garante del interés del capital en general, tiene que tener en cuenta otras necesidades, como aumentar su base fiscal con los nuevos trabajadores regularizados, ralentizar el envejecimiento poblacional para que la población activa siga sosteniendo a la dependiente, y evitar los problemas de trazabilidad e identificación que suponen miles de proletarios indocumentados dispersos por el país, todo ello sin perder de vista que la explotación de esa fuerza de trabajo sea siempre rentable desde el punto de vista de las arcas públicas, es decir, que se le saque más que lo que gasta en servicios sociales para reproducirse. Por otro lado, tendrá que velar por que los trabajadores migrantes sean suficientes para mantener la presión sobre los salarios, pero no tantos como para que se genere un problema social y político cuando el mercado laboral se ralentice y el paro crezca. Si esto ocurre, no importa qué partido esté en el poder: no le temblará la mano al cerrar las fronteras y realizar deportaciones masivas, ya lo haga con una retórica abiertamente racista como Trump, o con una retórica más burocrática y legalista como Obama. Así pues, en materia migratoria, para la burguesía y sus gobiernos tan importante es poder cerrar el grifo como abrirlo. Pueden tener discrepancias políticas sobre cuál es la mejor forma de controlar el flujo migratorio, pero en última instancia son las necesidades del capital y no la ideología del Ejecutivo las que inclinan la balanza.
De esta forma, al bajar a los hechos, nos encontramos con que esta regularización masiva de migrantes no es una rareza a contracorriente del gobierno español, sino que también está siendo llevada a cabo por otros gobiernos europeos de signo contrario, entre los que destaca el italiano. El gobierno de Meloni, el más poderoso de los dirigidos por la extrema derecha en Europa, ha regularizado a 450.000 personas entre 2023 y 2025, y con el reciente decreto Fluxi prevé regularizar a medio millón más hasta 2028. Un total de un millón de personas regularizadas en 5 años de mandato. Esto marca un notable contraste con el gobierno que lo precedió, que ni siquiera llegó a las 150.000 regularizaciones entre 2021 y 2022. Bien podríamos preguntarnos a qué se debe esta repentina y voraz demanda de mano de obra extranjera por parte de los gobiernos europeos, y, entre otras razones, encontraríamos una principal: es una cuestión de supervivencia, de ahí esa premura. En el caso español, se necesitaría el ingreso de alrededor de 1 millón de personas migrantes al año para poder mantener su tasa de dependencia (la relación entre las personas en edad de trabajar y dependientes) alrededor del 50%, de modo que aún permita al Estado sostener el resto de su estructura. Este dato tampoco se escapa a la derecha, como muestra la regularización de medio millón de personas durante el segundo mandato de Aznar, aunque en el interior de ella haya discrepancias sobre la “prioridad nacional” para acceder a las ayudas del Estado y qué grupos migrantes priorizar frente a otros. Una vez más, las distintas fracciones de la burguesía solo pueden diferenciarse en la forma, pero no en el contenido de sus políticas.
Por otra parte, en lo que se refiere al control sobre el flujo migratorio, una polémica notable protagonizada por varios gobiernos de derecha en Europa —como el del Reino Unido o el de la propia Italia— vino a cuenta de la propuesta de retener a los migrantes en terceros países fuera de Europa, hasta decidir cómo proceder administrativamente con ellos. Los gobiernos conservadores de Johnson y Sunak bregaron desde 2022 para llevar a cabo el fallido “plan Ruanda”, por el que este país centroafricano serviría durante cinco años como cárcel para los migrantes allí deportados a cambio de 150 millones de dólares anuales. La victoria de los laboristas en 2024 convirtió este plan en papel mojado, invirtiendo ese dinero en el Comando de Seguridad Fronteriza, con el mismo objetivo de evitar la llegada de indocumentados a las islas británicas. Italia llevó a cabo una iniciativa similar alcanzando un acuerdo con el gobierno de izquierdas de Albania, causando un gran revuelo inicial que, sin embargo, ha devenido en jurisprudencia para las políticas migratorias de los miembros de la Unión Europea, incluido España, tras la aprobación por el Parlamento Europeo del Reglamento de Retorno el pasado 26 de marzo.
En el caso español, el país elegido para externalizar la gestión migratoria ha sido Mauritania, conocido sin duda por su aguerrida defensa de la democracia y los derechos humanos[1]. Antes de la aprobación de este Reglamento, y mientras se oponía públicamente al modelo de Meloni, España inauguró dos centros de retención de migrantes en Nuakchot y Nuadibú, financiados con 4,5 millones de euros de fondos europeos y dependientes del ministerio de Asuntos Exteriores español a través de una agencia específicamente creada para llevar a cabo esta externalización: la FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas). La recompensa para el Estado mauritano: 500 millones de euros, de los que 300 saldrían directamente de las arcas españolas, con el objetivo declarado de desplazar la frontera española varios cientos de kilómetros al sur. Tampoco esta externalización es una novedad para la administración española, puesto que lleva años haciéndola por medio de acuerdos económicos con Marruecos para bloquear las rutas de entrada por Ceuta y Melilla, y en muchas ocasiones con aciagas consecuencias[2]. Con el acuerdo alcanzado con Mauritania, el gobierno español logra —siempre provisionalmente— cerrar la otra ruta migratoria que no había sido capaz de controlar hasta ahora, la «ruta canaria», protagonista también de sangrientos sucesos como la llamada «crisis de los cayucos» de 2006.
En cualquier caso, ninguna de estas innovaciones supone un descubrimiento para la burguesía. Ya hace un cuarto de siglo que el gobierno australiano comenzó esta práctica de externalizar su gestión migratoria —la conocida como «Solución del Pacífico»— estableciendo centros de detención en Nauru y en la isla Manus, perteneciente a Papúa Nueva Guinea, a cambio de una generosa aportación económica a las maltrechas economías de ambos países y las compañías de seguridad privadas contratadas para vigilarlos. Estos centros estuvieron en funcionamiento entre 2001 y 2007 con apoyo bipartidista, “acogiendo” a miles de migrantes —especialmente de Irak, Irán y Afganistán, así como de la etnia rohingya— hasta que la victoria laborista en las elecciones de 2007 los sentenció. Tuvieron una segunda vida a partir de 2012, cuando otro gobierno laborista preocupado por “las vidas perdidas en el mar” decidió reabrirlos, y hasta 2021, fecha en que fueron finalmente clausurados, abandonando a su suerte a los últimos recluidos. Hablar en detalle del resultado nos llevaría otro artículo completo, pero una sucesión casi infinita de abusos infantiles, agresiones sexuales, asesinatos y suicidios queda como sangriento legado de estas prisiones a cielo abierto sin rutina ni esperanza, a pesar de la prohibición de cualquier reporte de prensa sobre el tema impuesta por el gobierno australiano en 2014.
Encontramos en este ejemplo no una anomalía, sino una muestra de lo que la burguesía puede llegar a hacer con tal de cumplir su función —seguir alimentando con nuestras vidas la locomotora de la economía capitalista— en un contexto en el que las contradicciones del capital hacen que su acumulación se complique cada vez más, siendo necesario a fin de garantizarla el empleo de una mayor violencia tanto en el exterior como en el interior de sus fronteras por parte de los estados. Las burguesías de los países del centro capitalista trabajan codo con codo con las de la periferia, sin haber una distinción entre grandes y pequeñas potencias —o entre gobiernos conservadores y progresistas— cuando se trata de reprimir al proletariado. Cabe tener presente que esta violencia, como ya hemos señalado, lejos de ser un reforzamiento de la burguesía, es un síntoma de su creciente debilidad. Ninguna alternativa dentro del capitalismo —de sus estados y fronteras— podrá evitar que se repitan estas masacres. Al contrario, todo parche empujará el problema hacia delante para estallar con mayor virulencia en el futuro. Frente a esta división del proletariado en áreas de influencia de cada burguesía, el comunismo derribará la sociedad de clases y volverá superflua la existencia de cualquier frontera o nación, toda vez que su función histórica se haya extinguido. Nuestra única solución, hoy con mayor fuerza aún que en 1848, no puede ser otra que la organización de nuestra clase a nivel mundial, en tanto que está movida por el interés común de superar la podredumbre de un capitalismo funcionando a pleno rendimiento.
¡Proletarios del mundo, uníos!
[1] Quizá no venga al caso mencionarlo, pero corresponde a Mauritania el dudoso honor de haber sido el último país del mundo en abolir la esclavitud, en una fecha tan reciente como 1981. A pesar de esta prohibición legal, la esclavitud sigue siendo frecuente, señalando las estimaciones más bajistas que en 2014 aún había unos 150.000 esclavos en el país, fundamentalmente haratins (o moros negros)
[2] Sobre los negocios migratorios con Marruecos y la sangre en la que se bañan, es recomendable nuestro artículo: https://barbaria.net/2023/07/11/gane-la-izquierda-o-la-derecha/