Gane la izquierda o la derecha
Una vez más estamos en campaña. En esta ocasión se nos convoca a unas elecciones generales que suceden a otras autonómicas, las cuales han supuesto un claro retroceso de la izquierda. Con la llegada de esta convocatoria hemos vuelto a escuchar toda una retahíla de llamamientos a participar de la fiesta de la democracia advirtiendo de la amenaza de la extrema derecha, alabando los supuestos avances de este gobierno o simplemente llamando a la resignación porque otro gobierno sería peor. Se nos plantea así esta dicotomía entre derecha e izquierda, como si una de ellas pudiera lograr la mejora real de nuestras condiciones de vida, o como si al menos pudieran lanzarnos ciertas migajas. La realidad es que no hay verdadera elección entre la izquierda y la derecha. Son solo colores distintos de una misma gestión del capital, cada vez más miserable, y por ello nos vemos obligados a hacer un balance de estos últimos cuatro años.
El gobierno de coalición ha vendido la nueva reforma laboral como la más beneficiosa de la historia para los trabajadores españoles, pero no olvidamos que es la misma reforma que fue apoyada por Rajoy, la patronal, la Comisión Europea y ahora Feijóo. Yolanda Díaz bien puede lamentar la muerte de 51 migrantes que se dirigían a Canarias, pero no olvidamos que era su gobierno el responsable de la masacre en la valla de Melilla en la que morían al menos 23 personas. Este gobierno se ha autoproclamado el más progresista de la historia, pero no olvidamos que fue precisamente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la que afirmó sin titubear que la mayoría de españoles no tiene problemas para pagar el alquiler, cuando los alquileres han subido un 51,4% en los últimos diez años. Hemos visto a Podemos llevar por bandera la paz y la defensa de los derechos humanos, pero no olvidamos que fue precisamente Kichi, un alcalde de su formación y de su rama Anticapitalistas, el que defendió la fabricación de armas para venderlas a nada más y nada menos que Arabia Saudí. Y, por último, también hemos escuchado al presidente de este gobierno asegurar que “nadie quedaría atrás”, y de nuevo no olvidamos que ha sido durante esta legislatura cuando el precio de los alimentos, la vivienda y la energía ha llegado a máximos históricos.
Es urgente enfrentarse rotundamente al blanqueamiento de un gobierno que no tiene otro papel que el de la gestión de la miseria. Ya no se trata del reparto de unas pocas migajas, sean estas insuficientes o no, se trata del cinismo de un gobierno que trata de disfrazar políticas en favor del capital como avances para nuestra clase. Con esta crítica no queremos hacer ver que, si este gobierno estuviera conformado por otras personas, o si una izquierda más combativa estuviera presente en el Congreso, entonces se podría efectuar una mejora real de las condiciones de vida. La única alternativa para acabar con la miseria que este sistema genera pasa por arrancar de raíz las categorías sobre las que se sustenta. No elegimos ni derecha ni izquierda porque no hay mal menor. Elegimos enfrentarnos a este sistema, directamente, en su globalidad, desde fuera y en contra del Estado.
Gane la izquierda o la derecha: precariedad
Sin duda una de las medidas estrella durante esta legislatura ha sido la nueva reforma laboral. Como ya comentamos en otro artículo, esta reforma laboral es la misma que la CEOE defiende con uñas y dientes ante el PP y Vox y que Feijóo reconoce que respetará porque es una buena reforma. Ya no hay dudas al respecto, la clase capitalista está más que satisfecha con esta nueva norma. No es solo que esta reforma consolide los elementos centrales de la reforma laboral del 2012, ni que cuente con el beneplácito de empresarios, instituciones y economistas, sino que además viene a lanzar nuevas miserias sobre el tablero.
Para no extendernos nos ceñiremos a los dos argumentos principales en los que se ha escudado el Gobierno para defender el éxito de la reforma laboral. El primero de ellos es el descenso de la tasa de temporalidad. Su estrategia ha consistido en reducir la cuestión de la temporalidad al plano de lo jurídico, como si el problema fuera únicamente la tipología de contrato que se firma, y se pudiera acabar con la inestabilidad a golpe de decreto. Si se restringen las casuísticas a las que se ajusta el contrato temporal, no es de extrañar que el número de contratos firmados de tipo temporal descienda considerablemente. La cuestión está en la otra cara de la moneda, la temporalidad no depende únicamente de lo que determine un contrato. Un claro reflejo de esto es que el 60% de los fijos discontinuos, contratos alabados por supuestamente barrer la eventualidad del mapa, son en realidad contratados por una ETT, las cuales emplean trabajadores que ceden a otras empresas para usarlos en actividades intermitentes. Del mismo modo se explica que la duración media de los contratos haya bajado nueve días en los dos últimos años, cayendo de 52,71 días a 43,91 días, o que solo en el último año el despido de indefinidos en periodo de prueba haya aumentado un 141 %. ¿Para qué sirve un contrato indefinido si el empleo intermitente se mantiene, su duración media es de 43 días y los despidos aumentan?
El segundo argumento es el aumento del número de ocupados, que ha alcanzado la cifra récord de 20,8 millones de personas. La realidad es que mientras que el empleo creció un 2,9 % del cuarto trimestre del 2019 al del 2022, las horas trabajadas cayeron un 1,2 %, por tanto hay una mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social mientras el cómputo de horas trabajadas disminuye. Pero lo más preocupante es que habría casi un millón de personas sin trabajo que no están siendo reconocidas como paradas debido a cuestiones de metodología en las estadísticas. Es el caso de los fijos discontinuos sin actividad, o de las personas que se encuentran sin trabajo, pero se incluyen dentro de otros no ocupados, con disposición limitada, o que demandan un empleo específico. Todas estas categorías se contabilizan actualmente como trabajadores no parados a pesar de que se refieran a personas en busca de empleo y sin él.
Como añadido, valga recordar que esta reforma da continuidad a la figura de los ERTEs que ya el PP había desarrollado (aunque no creado) en su propia reforma laboral. Vendidos como una forma de proteger el empleo durante los años de pandemia, los ERTEs solo han servido para socializar las pérdidas de las empresas, ahorrándoles el Estado el 70% de los salarios, y para dar lugar a una cantidad importante de casos de fraude, en los que los trabajadores fueron obligados a ir trabajar.
Si hay una lección que podamos obtener de esta reforma, es que nos permite esclarecer que la izquierda no es aquel mal menor preferible. Todo lo contrario, la izquierda demuestra ser un más que solvente gestor de la miseria, que además es capaz de implantar reformas perjudiciales a nuestra clase disfrazándolas de logros sin precedente alguno.
Gane la izquierda o la derecha: la valla de Melilla
Otro de los asuntos que ha traído al gobierno más progresista de la historia por la calle de la amargura ha sido el migratorio. Solo basta ver la progresión del progresismo en estos cinco años en los que hemos sido bendecidos por su gestión: de la confrontación con el modelo Salvini —el de dejar que los barcos se hundieran en el mar para no alimentar a las mafias— durante la crisis del Aquarius, permitiendo que los inmigrantes a bordo llegasen a España, a la reunión hace un par de meses con la recién estrenada Meloni, en la que enfatizó su sintonía y buena disposición con la primera ministra italiana. Dejaba así Sánchez atrás —o al menos de lado— su heroico afán antifascista, que le exigía aislar y vetar a la ultraderecha de todas las instituciones, tal como dijo en ese contubernio anticapitalista que es el foro de Davos.
Ahora bien, ¿qué ha pasado entre el Sánchez de 2018 y el de 2023? La cosmética y el buenrollismo del aspirante a Obama español han dado paso al burócrata ahogado por sus propias contradicciones, como necesariamente sucede en la gestión del Estado. Sobra decir que esos dos Sánchez son en realidad solo uno, y que años después casi todos los migrantes que llegaron al puerto de Valencia siguen abandonados a su suerte. Las tendencias que impone el capitalismo solo pueden ser frenadas temporalmente por los gestos populistas, pero en el medio y largo plazo resulta insostenible hacerlo. Lo cierto es que a la crisis del Aquarius siguió, dos semanas después, la petición del Open Arms en condiciones similares, que fue rechazada por el mismo Sánchez. Después siguieron numerosos saltos a las vallas de Ceuta y Melilla, con sus heridos y sus devoluciones en caliente, y luego la reapertura de la vía canaria en 2019-2020, que había permanecido relativamente abandonada desde la crisis de los cayucos de 2006, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Así, durante ese año más de 20.000 migrantes llegaron a las costas canarias y fueron hacinados en campamentos improvisados por la incapacidad de las instituciones.
De igual modo, la tensión en las relaciones entre España y Marruecos llevó a que este cerrase las verjas durante más de dos años, impidiendo la entrada y salida de numerosos trabajadores a ambos lados de la frontera, y en muchos casos separando a las familias de forma arbitraria, en un gesto que recuerda a la política de separaciones familiares que comenzó a aplicar la administración Trump a los migrantes que cruzaban la frontera desde México a Estados Unidos. En este caso, sin embargo, el silencio de los medios y las administraciones fue ensordecedor, en contraste con la profunda y, por supuesto, genuina preocupación que muestran por los derechos humanos de los migrantes al otro lado del charco.
El punto más crítico de este tira y afloja vino durante este periodo de cierre de las fronteras, cuando en abril de 2021 el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entró en España con una identidad falsa para recibir tratamiento médico. Entre el 17 y el 18 de mayo de ese mismo año más de 8.000 migrantes entraron en Ceuta, entre ellos 1.500 niños, ante la total pasividad de la gendarmería marroquí, que habitualmente se emplea a fondo en estas situaciones. El Gobierno español, concienciado con los derechos humanos, respondió por un lado enviando más agentes y militares a la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos para que rociaran con gases lacrimógenos y granadas de gas a los que intentaban pasar y los devolvieran a territorio marroquí de manera inmediata —esas “devoluciones en caliente” que condena la ONU y que hacen todos los Estados—, y por otro pagando 30 millones de euros al Estado marroquí para que los dedicase al control de la frontera. Tras el incidente, que se saldó con dos muertos, Sánchez recibió en esta ocasión el apoyo cerrado de ministros e instituciones europeas a su gestión de la crisis, incluido el del “fascista” Salvini.
El punto álgido de esta crisis con Marruecos llegaría un año después, cuando el 24 de junio de 2022 algo más de 2.000 migrantes intentaron acceder a territorio español cruzando la valla de Melilla, de los que 500 lograron su objetivo. Sin embargo, en esta ocasión la coordinación entre los agentes marroquíes y los españoles fue envidiable, y cumplieron con su función dejando de 23 (cifra oficial) a 37 (cifra extraoficial) muertos en la valla, además de casi 200 migrantes heridos por granadas, disparos y gases lacrimógenos, y 76 desaparecidos. El ministro del interior español, Marlaska, se afanó en señalar la buena actuación de los agentes españoles, responsabilizando de cualquier contratiempo a los gendarmes marroquíes —que habrían cruzado a suelo español— y denunciando que el asalto estaba «perfectamente organizado» por los migrantes, mientras que el presidente Sánchez destacó que era un asalto «bien resuelto». Lo cierto es que las imágenes mostradas por la BBC de la valla del Barrio Chino muestran a muchas más de 37 personas aplastadas y malheridas en el suelo, de hecho, más de 700 quedaron encerradas entre los dos lados de la verja, lo que impidió que recibieran asistencia mientras los agentes de ambos lados se despachaban a placer con ellos. A esto respondió el Gobierno español cuestionando las imágenes y negando que alguno de los fallecimientos se hubiera producido en suelo español, lo que fue posteriormente desmentido. ¿Cómo van a matar a los migrantes en la Europa democrática de los derechos humanos? Todo lo contrario, la matanza se hizo acorde al derecho, tal como señaló la Fiscalía, que también tuvo la agudeza de señalar que los migrantes también se habían buscado en cierto modo lo que les pasó, dada su actuación «hostil y violenta», tal como reza el decreto de archivo del caso.
Igualmente emblemática fue la reacción del sector Podemos del Gobierno, que más allá del pataleo necesario para diferenciarse de algún modo del sector PSOE, no pudo hacer un cuestionamiento profundo de lo que había sucedido, porque va en la naturaleza misma de la democracia y los derechos humanos el darse en el marco de un Estado, que por supuesto necesita de unas fronteras para aplicar su legalidad en la explotación y el intercambio de los recursos. En cualquier caso, que no falten las reprobaciones al ministro del Interior, que con eso se reviven los muertos y se limpian las manos de sangre. A la izquierda del capital, con ese antifascismo desquiciado con el que nos riega habitualmente, siempre le quedará el consuelo de que al menos no gobernaba la perversa derecha extrema con la extrema derecha, porque de seguro que los muertos habrían estado mucho peor muertos que bajo su chulísimo gobierno.
Gane la izquierda o la derecha: desahucios
En noviembre del año 2020 medios de comunicación de diferentes ideologías se hacían eco del decreto que anunciaba Pablo Iglesias con el objetivo de “prohibir” los desahucios sin solución habitacional. «Se prohíben los desahucios». Este es el titular que trataron de grabarnos a fuego, por un lado, aquellos que sacaban pecho por el Gobierno «más social» de la historia, y por otro, aquellos que tratan de infundir miedo en torno a un supuesto cuestionamiento de la propiedad privada por parte del Gobierno. Sin embargo, lo que oculta este engañoso eslogan es que, en realidad, cuando hablan de personas sin solución habitacional, se refieren a aquella «persona arrendataria que acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19»[1], es decir, que se excluye así a todas las personas que se encontraban en esa situación con anterioridad, y a aquellas a las que la burocracia no considere en situación de vulnerabilidad social por Covid-19. Del mismo modo, cuando hablan de “prohibir” los desahucios no se refieren a otra cosa que a postergarlos en el tiempo, otra forma de tirar la pelota hacia delante que no resuelve en absoluto el problema de la vivienda. En ningún caso los desahucios han sido prohibidos durante estos cuatro años de legislatura, pero es que además, en el último trimestre han repuntado casi un 40 %, y las expectativas son que aumenten aún más con las subidas de tipos de interés y la situación de inflación generalizada que llevamos sufriendo en el último periodo.
El coste de la vivienda no ha hecho más que incrementarse en los últimos años, ya se trate de compra o de alquiler. En el primer caso, si en junio de 1987 una familia quería comprar una casa dedicaba de media casi tres años de su renta bruta anual. Con la llegada de la crisis del 2008 ese esfuerzo creció exponencialmente y se ha mantenido relativamente estable hasta la actualidad. Tanto ahora, como en el año 2008, una familia debe destinar más de ocho años de su renta bruta para costear la compra de una vivienda. En el caso del alquiler los datos son igualmente catastróficos, en el territorio español los alquileres han subido un 51,4 % en los últimos diez años, mientras que los salarios solo aumentaron un 3,4 %.
Toda esta tensión respirable en el mercado inmobiliario para cualquier persona que quiera acceder a una vivienda es la que hace de la cuestión habitacional un problema de primer orden. Ante este escenario, una de las últimas medidas del Gobierno de coalición ha sido aprobar una nueva ley de vivienda. Con respecto a cómo afecta a los desahucios, como ya hemos mencionado, en ningún caso se impiden, sino que se prolongan los plazos y se exige más papeleo burocrático a las personas afectadas. Con relación al precio de la vivienda, mientras dure un contrato no se permite subir el alquiler más de un 2 % en 2023, un 3 % en 2024 y de ahí en adelante no se entra en detalles. Sin embargo, cuando el contrato se renueve o cambie el inquilino, el alquiler podrá subir libremente, salvo que la zona se declare tensionada. Esto último no dependerá del Gobierno, sino que será una decisión política que tomen las Comunidades Autonómicas y Ayuntamientos, siendo reversible en cualquier momento, por lo que en realidad difícilmente se puede hablar de que se haya fijado un tope al precio del alquiler.
La única medida efectiva a medio plazo sería ampliar la oferta con más vivienda pública, pero deberían ser inversiones lo suficientemente potentes como para que fueran significativas y lograsen bajar el precio en todo el mercado. Además, esto solo sería eficaz un tiempo, hasta que el efecto llamada causado por el descenso del precio generara de nuevo un aumento de la demanda, por no hablar del problema ecológico que comprende seguir alimentando a esos monstruos en los que se están convirtiendo las grandes ciudades. Ciertamente el problema de la vivienda no es una cuestión exclusiva de los últimos cuatro años, ni un problema que podamos achacar a la gestión del Gobierno, sino que hace parte de una profunda crisis que vive el capitalismo desde hace décadas y que tiene como consecuencia el deterioro general de las condiciones materiales de nuestra clase. Precisamente por ese motivo no hay solución posible ni con este, ni con cien gobiernos como este.
Gane la izquierda o la derecha: guerra imperialista
Las tensiones y la guerra imperialista han sido una de las constantes de la legislatura que acaba ahora, en consonancia con las tendencias que se dan a nivel global. El cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla como medida de presión por parte de Marruecos ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno de coalición de izquierdas, que fue oscilando entre la preferencia por Marruecos o por Argelia hasta que en un giro difícilmente explicable —tanto a nivel económico como para el sector podemita del Gobierno— acabó cediendo en marzo de 2022 a las demandas marroquíes de reconocimiento de su soberanía en el Sáhara Occidental, antigua colonia española, previa defenestración por parte de Sánchez de su propia ministra de Exteriores. Esto a su vez supuso la ruptura de la sintonía entre Madrid y Argel, de manera que Argelia pasó de ser uno de los principales proveedores energéticos de Europa —vía España— a ser anatemizada como aliada de Rusia. Con el cierre del gasoducto argelino, España ha incrementado su dependencia de las importaciones del gas proveniente de Estados Unidos, mucho más costoso. No obstante, las ambivalencias y los funambulismos persisten en la izquierda. Tenemos el ejemplo más claro en la lista de Sumar, que es capaz de llevar en sus listas a una conocida activista saharaui justo después de su número dos, el “trotskista” Santos Maraver (alias Gustavo Buster), que ya fue número dos de Moratinos —ministro de exteriores de Zapatero— y que ha sido uno de los mayores defensores del cambio de postura del Gobierno español sobre el Sáhara entre la diplomacia española, y todo ello sin despeinar una coma de su chulísimo programa. Sin duda, quien no se sienta representado en esta suma tendrá que hacérselo mirar.
De igual modo, el gobierno más progresista de la historia de España fue uno de los jaleadores más entusiastas de la guerra de Ucrania, apoyándola frente a la invasión rusa con envíos de armamento y con una amplia y efectiva campaña mediática en su favor, en línea con la mayor parte de miembros de la UE. Los otrora sonoros «no a la guerra» han pasado a ser débiles susurros pacifistas de parte de la llamada izquierda alternativa, que parece ignorar que ha sido parte de ese gobierno al que critican. No hace falta decir que las menciones a los trabajadores rusos y ucranianos, arrastrados a la muerte por sus respectivas burguesías, han brillado por su ausencia, ya no solo por parte del gobierno de la izquierda, sino también por parte de prácticamente todo a la izquierda del Gobierno, escudándose en la necesidad de extender las libertades y los derechos humanos derrocando el régimen del tirano fascista Putin, o bien por la igualmente imperiosa necesidad de hacer frente al imperialismo de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, que de algún modo sería cualitativamente peor que cualquier otro: se olvidan del «no a la guerra» pero no del «imperio del mal».
Tampoco podemos dejar de lado el enfado de la diplomacia española —y del resto de la coalición ocupante— por el precipitado abandono de Afganistán por parte de Estados Unidos, ya que 20 años de presencia militar se le hacen pocos a cualquier demócrata de bien. Justificaba este enfado en que lo hubiera hecho de forma unilateral, y buscaba justificaciones —también a nivel mediático— en su profunda preocupación por la situación en la que quedarían las mujeres afganas con el retorno de los talibanes al poder. Menos se habló de las pérdidas que sufriría el sector armamentístico español con el final de la ocupación, que sin duda era un detalle chulísimo a omitir, pero que no está de más recordar: sí, los derechos humanos matan. En cualquier caso, estaremos esperando con interés al próximo barómetro de la ONU sobre la situación de las afganas, pues sin duda debe de haber sufrido una mejora exponencial dado el sepulcral silencio del Gobierno y de la prensa sensibilizada con la opresión contra las mujeres. De nuevo, la moralina de la coalición de cínicos sin fronteras no tiene vergüenza ni la conoce.
Gane la izquierda o la derecha: deterioro de las condiciones de vida
A día de hoy resulta prácticamente imposible ver las noticias, leer la prensa o entrar a cualquier red social sin que la palabra inflación nos estalle en la cara. Y aunque economistas y políticos tengan la manía de retorcer los datos y hacer la realidad incomprensible, la inflación no es más que el aumento del coste de la vida. En solo el último año el precio de azúcar ha subido un 50,4 %, el del aceite un 32,1 %, las legumbres y hortalizas un 27,8 %, los huevos un 24,5 % y el arroz un 22,2 %. Como ya comentábamos los alquileres han subido un 51,4 % en los últimos diez años en el territorio español, y con respecto a la energía, en enero del 2023 se llegaba a pagar una factura de la luz media de 1.538,53 € anuales, el doble de lo que se pagaba solo dos años atrás: 760,88 €. Nunca como en esta legislatura ha sido tan caro ir al supermercado, acceder a una vivienda o pagar la factura de la luz, y sin embargo los voceros de este Gobierno tan “socialmente justo” se han hartado de negar que viviéramos en una situación de inflación descontrolada, han hecho dimitir al director del INE por no calcularla a su gusto y hasta han llegado a afirmar que la mayoría de inquilinos no tiene problema para seguir pagando el alquiler. Además, aunque en estos últimos días distintos medios estén hablando de que la inflación se ha moderado durante el mes de junio, quedándose en su nivel más bajo desde abril del 2021 (1,9 %), la inflación subyacente, que excluye el precio de los alimentos no elaborados y la energía, continúa siendo alrededor del 6 %.
Y mientras el coste de la vida es cada día más asfixiante, ¿qué está pasando con los salarios? España está entre los 10 primeros países donde más cayó el salario real en 2022. Los sueldos de los trabajadores españoles subieron un 2,8 % en 2022, tres veces menos que la inflación que alcanzó el 8,4 %, lo que representa una caída de más de cinco puntos del salario real, la mayor caída de poder adquisitivo en 40 años. Además, los salarios más frecuentes fueron de 18.503 € y 16.487 €, mientras que la mitad de la población cobró menos de 21.639 €. El reflejo inmediato de este innegable deterioro de las condiciones de vida es que casi la mitad de la población vive al límite y el 21 % no llega a final de mes. Además, una de cada tres personas pobres ya tiene trabajo. La respuesta del Gobierno de coalición se ha traducido en una serie de ayudas directas, como el Ingreso Mínimo Vital, que solo perciben un 35 % de las personas de las que tendrían derecho a él, o un único cheque de 200 € para combatir la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 40 años, cuya fecha límite de entrega era este 30 de junio, y que miles de personas no han recibido todavía.
No hay diferencias relevantes entre la izquierda y la derecha. En apariencia, de palabra, tienen que ser distintas, porque si no el juego de marcas electorales no funcionaría, pero en su actuación no pueden diferenciarse la una de la otra. Independientemente de la voluntad de sus participantes, el Estado debe comportarse como un Estado: gestionar la miseria del capital y reprimir al proletariado cuando lucha en contra de ella. De izquierdas o de derechas, cuando estalla algún conflicto como ahora la huelga en Vigo o el de la huelga de Cádiz el Gobierno no duda en mandar una tanqueta para campar por las calles gaditanas, ni titubea al cargar contra los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. No es un problema de engaño o de mentiras, aunque también las haya y sean la especialidad de la izquierda. Es una cuestión estructural: la función hace al órgano. De la misma forma que el posible gobierno de PP y Vox continuará con la reforma laboral de Yolanda Díaz sin tocar ni una coma, porque conviene al conjunto del capital, el gobierno más progresista de la historia ha mantenido inmaculada la Ley Mordaza, porque conviene al conjunto del capital: ante la crisis terminal del capitalismo, ante el paro, el subempleo y el encarecimiento de los medios de subsistencia más básicos, los Estados no pueden hacer nada, solo fortificarse, prepararse para las protestas que vendrán. Este es el mismo Gobierno que se jactaba de que no dejaría a nadie atrás. Es el Gobierno del progreso, sí, pero del progreso del capital contra todos nosotros.
_____________________
[1] Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Disponible en https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11