Camino de rosas, corona de espinas
A estas alturas no es ningún secreto que nos encontramos ante una crisis social y ecológica de una magnitud que aún no alcanzamos a valorar, y de consecuencias que, si bien no podemos predecir con exactitud, sin duda podemos vislumbrar la dirección que seguirán. El capitalismo es consciente de esto, y es por ello que el ecologismo toma cada vez más peso en el discurso de la burguesía, pero la cuestión es que cualquier intento de paliar esta crisis desde su interior va a pasar necesariamente por la mercancía, y con ello por un recrudecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Es así que el capitalismo apela a nuestra conciencia ambiental y nos exige austeridad, una vez más, pues habría sido la desmedida ambición de la humanidad sin distinción, que en su soberbia y egoísmo ha vivido por encima de sus posibilidades, la que habría maltratado al planeta para satisfacer sus propios caprichos. Dicho esto, la única vía que tiene el capitalismo de reducir el consumo de productos contaminantes es aumentando su precio, reduciendo así su demanda, y reservándolos solo a aquellos que se puedan permitir pagarlos, por lo que, de nuevo, la austeridad es una cuestión de clase.
En este sentido, se ponen en marcha algunas de las medidas que nos privarán de toda esa opulencia en la que hemos vivido. La más comentada durante los últimos meses, y especialmente durante el verano (aunque ya se había hablado de ella a principios de año), ha sido la espectacular subida que ha sufrido el precio de la luz, y que ha dado lugar a varias teorías sobre el origen de esta subida y cómo paliarla -desde el Estado, claro-. El sector Podemos del Gobierno proponía, con la virilidad que les ha caracterizado siempre, dejarse de melindres e intervenir el precio de la electricidad, poniéndole un límite legal, así como creando una empresa pública de electricidad, lo que no parece muy acertado ni siquiera desde el punto de vista de la economía, cuando el Estado tiene una deuda de aproximadamente el 125% del PIB. Para este y otros grupos de pelaje similar el origen de esta subida se hallaría en una suerte de confabulación entre las compañías eléctricas con el objetivo de dar una vuelta de tuerca más a su avaricia, y que habría generado una escasez ficticia para incrementar así el precio de todas las fuentes de energía -vaciando de paso los pantanos- y aumentar así sus beneficios caídos del cielo, es decir, aquellos derivados de la diferencia entre el precio de la electricidad más cara de producir -que es la que marca el precio del megavatio- y la que se haya usado. Lo cierto es que en la subida de la luz influyen otros factores con más peso que el de los beneficios caídos del cielo, que ni siquiera es causa sino síntoma.
Hablaremos de los dos principales factores que han influido en esta subida. El primero es la escalada imperialista de los últimos meses entre Argelia, España y Marruecos, parcialmente subsanada por el acuerdo entre los dos primeros para que España compre el gas argelino y, de paso, tratando de buscar un papel mediador entre los dos países norteafricanos, máxime ahora que han roto relaciones diplomáticas entre ellos. El segundo factor que ha influido en esta subida ha sido el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, causada en buena medida por la especulación surgida de la presión que está ejerciendo la UE con los objetivos de reducción de emisiones para 2030. La producción de electricidad a partir de fuentes renovables es aún insuficiente para satisfacer la demanda existente, a pesar del Pacto Verde, lo que supone de hecho un aviso al capital nacional para que acelere el proceso, aunque ni siquiera así se podría alcanzar un 100% de consumo energético renovable. Esta insuficiencia estructural de las renovables, que producen aún menos del 40% de la electricidad total (el 37,7% entre el 6 y el 12 de septiembre, algunos de los días récord), hace que los Estados tengan que ampliar sus derechos de emisión CO2, mediante la adquisición de más derechos en el mercado, en lo que supone una mercantilización por parte del capital del daño que su propia dinámica genera al planeta. De esta manera, la subida de la luz es continuada ante la impotencia del Gobierno, que en cuestión de días ya recuperaba el 60% de la recaudación perdida por la rebaja del IVA, y que ante esto solo puede proponer diferir la subida, aplazando el cobro de las subidas de ciertos productos como el gas, en una medida que tanto las compañías renovables como cierto sector de la burguesía ya ven como desastrosa para la economía y para el desarrollo del Pacto Verde.
Como complemento necesario para impulsar la producción y el consumo de energías renovables, el Gobierno está preparando una subida a los carburantes que, como es costumbre, recaerá una vez más en los trabajadores, que son los que menos se pueden permitir comprar coches eléctricos o híbridos. Los carburantes son productos fuertemente intervenidos y gravados por el Gobierno, al punto de que actualmente el 54% de lo que se paga por un litro de gasolina son impuestos, por un 49% del diésel, y solo un 36% del importe es el de la materia prima del propio combustible. Nadie va a ser tan ingenuo como para pensar que esta subida a las petroleras la van a asumir ellas solas por cierto deber ético o patriótico. Por supuesto, y al igual que ha sucedido con las subidas impositivas a los bancos, la diferencia en el gasto la han pagado los consumidores, ya sea de forma directa, con un encarecimiento del precio del combustible al repostar, o de forma indirecta, pues este encarecimiento del combustible supone un aumento del coste del transporte de las mercancías, y por tanto de las propias mercancías, lo que supone de hecho una vuelta de tuerca más en las condiciones de vida de la clase trabajadora, como siempre sucede cuando se trata de fomentar el crecimiento económico.
Una de las mercancías que mayor subida está experimentando es la carne, tanto por las restricciones energéticas que encarecen su producción como por las subidas de los combustibles que encarecen su circulación. Las necesidades de la economía manifestadas esta vez en el Pacto Verde suponen que cada vez más el consumo de carne se vuelva patrimonio de la clase más pudiente, mientras se fomenta entre los trabajadores un discurso de austeridad, renuncia y culpabilidad que toma forma en el ecologismo. Esta corriente señala al consumo de carne como una de las causas principales del cambio climático, suponiendo casi un 15% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, sin plantearse que quizá no es el hecho de comer carne, en abstracto, el que produce esas emisiones, sino el hecho de que ésta se produce -como cualquier otra mercancía- al margen de nuestras necesidades. Se trata de la producción por la producción, el valor hinchado de valor del que ya hablaba Marx, que trabaja para satisfacer las necesidades de la economía y subordina las nuestras a aquellas, lo que se hace notar, por ejemplo, en el espectacular crecimiento del consumo de carne per cápita desde el final de la Segunda Guerra Mundial, siendo desde hace años muy superior al médicamente recomendable. Una muestra de cómo esta subordinación a la economía impide atajar la crisis climática se ve en cómo durante este tiempo hemos visto a la UE haciendo equilibrismos para financiar el Pacto Verde y las campañas contra el cambio climático al mismo tiempo que dedicaba millones de euros a fomentar el consumo de carne europea. En España hubo una polémica un tanto absurda el pasado verano cuando el ministro de consumo Garzón pidió a los españoles cambiar su dieta porque consumían de 2 a 5 veces la cantidad de carne recomendada por las instituciones sanitarias. Ante las protestas del sector ganadero, el presidente Sánchez decidió cerrar la polémica con una cita tan lacónica como elocuente, que seguro que pasará a los recopilatorios de frases célebres: “Un chuletón al punto, para mí es imbatible”. Lo cierto de todo esto es que, tanto en Garzón como en Sánchez, como en la UE, como en el propio ecologismo, lo que se aprecia en sus propuestas es el cómo debemos actuar asumiendo la subordinación de nuestras necesidades a las del crecimiento económico, bien negando el problema o bien imponiendo una austeridad que, como estamos viendo, sí entiende de clases.
Dicho esto, queda demostrado una vez más que lo que está en entredicho son nuestras necesidades como especie (que, por supuesto, tampoco pasan por la ingesta de 60 o 70 kilos de carne al año), y que la burguesía no dudará en despreciarlas en favor de la mercancía con tal de mantener su explotación del resto de la humanidad y su propia existencia. Y una vez más, se ve que los discursos de la austeridad y la penitencia están destinados a exigir renuncias a nuestra clase, mientras que la burguesía podrá seguir comiendo carne igual que pudo seguir con su nivel de vida tras la crisis de 2008. La austeridad y la renuncia a la satisfacción de las necesidades humanas son un producto de la sociedad de clases, y en tanto que tal y en la medida en que nos exige renunciar al nivel de complejidad social que hemos alcanzado por ser este inasumible ya para el capitalismo -al que, de manera más o menos implícita tratan de mantener con vida en la medida en que no plantean una ruptura- podemos decir con rigor que son elementos antihistóricos y, por tanto, reaccionarios, y en consecuencia serán barridos por la revolución de nuestra clase junto al capitalismo que los dio a luz.