Traducido del original en italiano, descargar aquí

n+1, Elementos de la transición revolucionaria como manifiesto político

«La doctrina del bienestar social se opone rotundamente a la doctrina marxista y, sin embargo, reviste para nosotros el máximo interés, pues nos demuestra que el adversario ya no tiene más remedio que aceptar la lucha abierta en el terreno teórico, y que se atrinchera sin éxito en la maraña del subjetivismo o del mercantilismo vacilante e inasible. Matemática e históricamente hablando, esa doctrina tan moderna deja clara la necesidad de una defensa extrema del capitalismo» (Partido Comunista Internacional, Vulcano della produzione o palude di mercato?, 1954).

«“Rápida abolición de la seguridad social” de tipo mercantil, para sustituirla con la alimentación social de los no trabajadores a partir de un mínimo inicial» (punto “f” del Programa revolucionario inmediato, reunión de Forlì del Partido Comunista Internacional, 1952)

HOY

Del bienestar al estado del bienestar

Desde un punto de vista histórico general, el capitalismo nace con el problema de los pobres que él mismo crea; nace, por tanto, con su política social, que es, en el fondo, el intento de encontrar una solución a la pobreza. Una de sus características es producir continuamente, además de mercancías y plusvalor, una población excedente. Sin embargo, esta es redundante y pobre solo en relación con la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades. Dado que estos se encuentran en relación con el nivel alcanzado por la fuerza productiva social, la comparación entre la enorme cantidad de valor producido por el proletariado y la parte que, en total (es decir, considerando a los empleados y a los desempleados), se le deja, permite detectar una ley, la de la miseria creciente, definida por Marx como «ley absoluta y general de la acumulación capitalista». En este modo de producción, el pauperismo es, por tanto, un fenómeno permanente que acompaña a la explotación, hasta tal punto que para el propio Marx es «el hospicio de invalidez del ejército obrero activo».

Si en los países de capitalismo maduro esta ley se presenta de forma relativa (el nivel de consumo del proletario aumenta, pero no en proporción al valor que produce), en el conjunto del sistema capitalista tiende aún a lo absoluto, dado que en algunas zonas del planeta una buena parte de la población muere literalmente de hambre por el hecho de que la acumulación tiene lugar en otros lugares y produce una fuga de valor local.

La teoría burguesa subyacente a lo que comúnmente se denomina Estado del Bienestar comienza a desarrollarse en el periodo entre las dos guerras mundiales y se afirma definitivamente en la posguerra. Pero en lo que respecta a la asistencia (y la coacción) social, tiene orígenes mucho más antiguos. Ya Malthus aborda el problema de qué actitud debe adoptar el Estado frente a los pobres, basándose en las leyes específicas que el capitalismo inglés se dotó desde sus orígenes, a principios del siglo XVII.

En su acepción actual, el término «Estado del bienestar» se utiliza como sinónimo de «Estado social», en el sentido de una política de gasto público destinada a garantizar tanto la cobertura económica de los estratos pobres de la población como la distribución de la renta, a fin de que no caiga el consumo de todas las clases. Esto se consigue mediante leyes e instituciones encargadas de contrarrestar la anarquía inherente al sistema capitalista, de modo que este no se deje a su suerte, y de destinar, por tanto, una parte del valor total producido por todo el sistema.

Las características específicas de esta intervención impregnan tanto la sociedad moderna que los individuos se han acostumbrado a ellas, perciben el fenómeno como algo natural, como si siempre hubiera existido una distribución del valor. En realidad, el único fenómeno comparable tiene una naturaleza totalmente diferente, y es el de la distribución de comida y espectáculos a la plebe en la antigua Roma. Un fenómeno costoso y a veces ruinoso para el emperador y para el Estado, mientras que el bienestar social es para el capitalismo salvador y promotor de una nueva acumulación.

El bienestar social es hijo del liberalismo, y lo ha matado para siempre. Hoy en día, quien se erige como liberal olvida que lucha contra las medidas de protección ideadas ante los desastres provocados por el capitalismo «espontáneo». Cree «liberalizar» el mercado imponiéndole la ley, es decir, las normas, sin darse cuenta de que precisamente de esta manera impide por la fuerza el curso natural del capitalismo hacia formas cerradas, centralizadas y monopolísticas. Lo hace, naturalmente, a través del Estado, de su aparato legislativo, ejecutivo y de control policial. Y se muestra así más estatista que aquellos a quienes critica, introduciendo formas de rescate frente a capitalistas que, de otro modo, estarían destinados a sucumbir libremente.

Si, al hablar de bienestar social, lo primero que nos viene a la mente es la seguridad social, la asistencia social, la sanitaria, la vivienda social o el programa de obras públicas, no son menos importantes las intervenciones en el control general de la economía, como la bajada del tipo de interés, que ofrece a los capitalistas ventajas en el acceso al crédito, o las leyes de apoyo a la producción, que distorsionan el mercado interno a favor de los capitalistas nacionales y de sus exportaciones.

En este sistema, contrariamente a lo que afirman las vulgarizaciones del capitalismo por parte de los propios capitalistas, no es en absoluto relevante que exista un «Estado emprendedor» o una serie de empresarios privados. Si las leyes que regulan las inversiones, el mercado interno y el estímulo hacia el exterior son iguales para el Estado y para el empresario individual, no supone ninguna diferencia que este último sea eliminado o no. Más aún cuando la «privatización» se basa generalmente en la venta pública de acciones, títulos de propiedad legal que se distribuyen en la sociedad entre miles de «capitalistas» que no cuentan para nada y que se rigen por las leyes del Estado más que por minúsculos grupos mayoritarios a su vez a merced de la competencia. El capitalismo funciona como tal incluso sin capitalistas (antigua URSS), del mismo modo que los capitalistas pueden serlo incluso sin poseer las grandes cantidades de dinero que manejan (accionariado disperso, concesiones, contratos públicos, intermediación financiera, etc.).

El propio Keynes afirma que es necesario «eliminar la figura del poseedor de capital» cuando su «poder opresivo adicional» se suma al funcionamiento de un capitalismo que explota el valor conferido al capital en tiempos de escasa disponibilidad; para lograrlo es necesario ampliar las funciones del Estado a fin de que sea posible «una socialización discretamente amplia de la inversión». Y aquí está el punto crucial, que millones de estalinistas no lograron digerir: «Lo importante —escribe Keynes— no es que el Estado se haga cargo de la propiedad de los medios de producción; si es capaz de socavar el volumen total de los recursos que se dedican al aumento de estos medios o de variar la tasa básica de las asignaciones a su favor, ya habrá hecho todo lo necesario […] La ampliación de las funciones del Estado nos parece necesaria para evitar una destrucción completa de las instituciones económicas actuales y también la condición para un ejercicio fructífero de la iniciativa individual».

Por lo demás, la experiencia empírica demuestra también, si es que aún fuera necesario tras las demostraciones teóricas de Marx, que el capitalismo funciona mejor con pocos capitalistas y muchos asalariados, con una acumulación centralizada de capitales que de otro modo serían inutilizables, con una masa creciente de beneficios en manos de unos pocos centros de acumulación para poder contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Por lo tanto, al Capital en general le conviene, independientemente de la voluntad de los capitalistas, que deben ajustarse a sus leyes, una amplia captación de capitales en la sociedad, pero un número reducido de grupos de control, integrados con la política del Estado. En definitiva, la victoria de la moderna centralización de los capitales sobre la antigua concentración. Puesto que el Estado está al servicio del Capital y no al revés, resulta conveniente y necesario un control estricto de los pocos capitalistas o grupos burgueses, acompañado de la máxima libertad (para venderse) para los proletarios.

El insoportable lloriqueo populista sobre las fechorías de las multinacionales y de los gobiernos formados por burgueses corruptos y grupos de presión de poder invierte los términos de la cuestión: sin duda existen los fenómenos denunciados, pero a largo plazo siempre prevalece el interés de la acumulación, no el de los individuos. Durante el interesante fenómeno denominado «Mani Pulite»[1], se calculó, basándose en lo que había salido a la luz de las investigaciones y los juicios, que en cuarenta años el valor total desviado por los diversos lobbies estatistas más o menos mafiosos y por los políticos corruptos ascendía a unos 125 000 millones de euros actuales. Una cifra impresionante si se lanza a bombo y platillo en campañas políticas destinadas a convencer a los incautos, pero una tontería desde el punto de vista práctico: 25 céntimos por persona al año para cada italiano. El Estado liberal, al aumentar en una milésima de euro el impuesto sobre la gasolina o al conceder a un «particular» líneas eléctricas o telefónicas para «favorecer la competencia y, por tanto, a los consumidores», y al cobrar luego su comisión a los capitalistas y al resto del «pueblo», despluma a todos infinitamente más.

Lo que en realidad el sistema ya no soporta es el hecho de que, cuando disminuye el incremento del plusvalor total producido, se hace difícil su distribución entre los estratos sociales ociosos, parásitos o simplemente dedicados a actividades improductivas. Esta auténtica asistencia pública a ese magma pequeñoburgués que sirve de apoyo a la política de la burguesía es el «coste» efectivo que debe afrontar el capital. El soborno al deshonesto, la corrupción individual, aunque erigida en sistema, es una gota en el mar comparada con lo que cuesta la amortización social, la corrupción de clase, el mantenimiento del pantano.

En resumen, tras el «Estado del bienestar» y el «Estado social», el nuevo término acuñado por los economistas, «Estado asistencial», es muy acertado, y en realidad no se refiere en absoluto a los verdaderos pobres, a los falsos inválidos ni a los millones de jubilados electorales. Para los economistas, subrayar de forma despectiva una supuesta degeneración del estatismo, culpable de atentar contra la libertad de mercado, es una forma como otra cualquiera de no quedarse fuera del coro quejumbroso de los capitalistas en crisis. Pero los capitalistas y los economistas no son el capitalismo. La parábola del bienestar, a la que la economía política había dado rienda suelta para salvar el asfixiado sistema, se cierra con un ataque al propio bienestar para salvar el capitalismo… y volver a las condiciones de partida. Quizá los capitalistas puedan pensarlo, pero el capitalismo ciertamente no se detiene por eso, y tritura inexorablemente otra dura realidad. Incluso opuesta a la que se ha hecho tragar incluso a ingenuos de izquierdas.

El regreso del maltusianismo

Desde sus inicios, el capitalismo, alabado por su capacidad para producir riqueza, presenta enormes contradicciones. La más evidente se refiere a las condiciones de vida de las personas, a quienes —como acabamos de recordar— no se les distribuye en absoluto la riqueza que producen, mientras se extiende la miseria relativa y absoluta. Cuando el Capital se apodera de la tierra, la expropiación de los campesinos conduce rápidamente a la destrucción de la solidaridad familiar y del pueblo. Los antiguos lazos sociales no son sustituidos por otros nuevos. El hombre no solo se vuelve pobre, sino que también se queda solo. Nace el hombre libre de propiedades y de antiguos lazos familiares ampliados, vagabundo o proletario, y por tanto susceptible de acabar en la horca o de ser explotado, es decir, libre de elegir si morir aún joven, de golpe, en la horca, o poco a poco, por la explotación. Pero no sin antes haber engendrado otra fuerza de trabajo en beneficio del Capital. Aunque no demasiada, para no poner en peligro con el número la riqueza que hay que distribuir.

Aquí entra en juego Malthus, pasado a la historia por haber dicho que no puede haber riqueza para todos si la población crece a un ritmo exponencial mientras que la producción crece solo en progresión aritmética (Ensayo sobre el principio de la población, 1798). Desde entonces se habla de «maltusianismo» para indicar un control de la población frente a la baja capacidad productiva, destinado a elevar la cantidad per cápita de mercancías; o bien, paradójicamente, un control de la alta capacidad productiva para adaptar la cantidad de mercancías al mercado e impedir la ruinosa caída de los precios. Existe así un maltusianismo «terapéutico», como cuando se destruye la fruta excedente, y uno «profiláctico», como cuando se paga a los agricultores para que arranquen los huertos o se gravan determinados productos industriales.

Malthus había observado que los capitalistas podían producir en cantidades ilimitadas y, por lo tanto, vendían a las clases ricas productos industriales a precios cada vez más bajos, mientras que los obreros consumían principalmente productos agrícolas que, en cambio, se encarecían; y el crecimiento demográfico desproporcionado de los obreros en relación con el de la producción agrícola hacía que su número fuera excesivo. Por mucho que sus teorías de cura reformista, que santificaban el capitalismo y la explotación, fueran aberrantes desde el punto de vista de la teoría económica y de la especie humana, Malthus no era tan tonto como para limitar su concepción únicamente a un factor demográfico, aunque solo fuera porque había copiado de autores más hábiles que él. En realidad, su esquema completo, el de los Principios de Economía Política (1820), se basa en el producto neto, es decir, aquella parte de la producción que puede consumirse sin mermar la capacidad productiva existente. Al igual que el de Quesnay, del que deriva, es una función de la producción.

Marx criticó a Malthus no tanto por su modelo como por su defensa, que parecía un pretexto, de la acumulación primitiva de capital bajo el orden feudal. Con la exaltación del consumo improductivo y la mortificación del consumo vital, Malthus defendía condiciones sociales retrógradas, en contraposición a Ricardo, quien al menos estaba a favor del desarrollo de la fuerza productiva social en sí misma, sin preocuparse por lo que les sucedería a los hombres como agentes de la producción. Malthus exaltaba la producción burguesa en cuanto reaccionaria, conservadora de viejas relaciones; Ricardo, en cuanto revolucionaria, demoledora. Marx se muestra desdeñoso hacia un modelo de capitalismo que, diseñado por un clérigo, contempla una distribución del plusvalor no solo entre las clases «capitalísticamente» productivas, sino entre «parásitos, holgazanes hedonistas, en parte amos y en parte siervos, que se apropian gratuitamente de la clase capitalista, a título de renta o a título político, de una masa considerable de riqueza, pagando sin embargo las mercancías por encima de su valor con el dinero sustraído a los propios capitalistas». En el capitalismo, el modelo distributivo, sea cual sea, concebido al estilo de Malthus o según criterios de «bienestar» moderno, debe conducir necesariamente a una repartición de clase del plusvalor. Mientras que el modelo ricardiano hace estallar el sistema por exceso de producción, exceso de energía, exceso de velocidad, el modelo malthusiano lo hace estallar como una alcantarilla atascada. De nuevo Marx: «Mientras que la clase capitalista es azuzada a producir por el impulso de la acumulación, los elementos económicamente improductivos solo son impulsados por el impulso del consumo y representan la disipación. Y este es, en verdad, el único medio para escapar de la sobreproducción, que coexiste con una superpoblación en relación con la producción. El mejor remedio para ambas es el sobreconsumo de las clases que están al margen de la producción. El desequilibrio entre la población obrera y la producción queda así suprimido por el hecho de que una parte del producto es devorada por los no productores, por los holgazanes. El desequilibrio de la sobreproducción de los capitalistas [queda suprimido] por el sobreconsumo de la riqueza desbordante».

El Estado del bienestar es, en el fondo, hijo de Malthus, ya que nace de la misma preocupación distributiva que tenía su progenitor, incluida la convicción de que las leyes de asistencia a los pobres son inútiles, es más, perjudiciales. Los defensores del bienestar social están muy preocupados por la existencia y, sobre todo, por la tendencia de los «pobres» a aumentar a un ritmo geométrico. Por lo general, a las leyes de mera asistencia social oponen un sistema de seguros, público o privado pero totalmente capitalista, combinado con una política económica de redistribución de la renta que se basa sobre todo en la fiscalidad progresiva y en una legislación económica adecuada.

Keynes es un economista que, por lo general, no se suele asociar con aquellos que han marcado la historia del Estado del bienestar (Marshall, Pigou, etc.), pero tiene mucho que ver con su realización. Él también diseña un modelo a-clasista en el que lo que importa es la relación entre magnitudes, por ejemplo, el ahorro, la inversión, el consumo y el empleo. O mejor dicho: en el que el resultado del sistema es función del valor de las distintas magnitudes. Dado que estas magnitudes no influyen de manera proporcional en el sistema, el Estado tendría grandes posibilidades de influir en su comportamiento actuando sobre ellas. Por ejemplo, el consumo no aumenta en proporción a los ingresos, sino que tiende a estabilizarse a medida que estos crecen; en consecuencia, al aumentar los ingresos de millones de «pobres», hay la seguridad de que todo el aumento se destine al consumo, mientras que esto no ocurre si aumentan en el mismo porcentaje los ingresos de unos pocos miles de «ricos». Apostando por la mayor «propensión marginal al consumo» propia de los pobres y por las demás palancas político-económicas en manos del Estado, Keynes se proponía dirigir la distribución del valor producido en la sociedad, alimentar la producción y eliminar las crisis y la lucha de clases.

En lugar de convencer de manera malthusiana a los proletarios de que no proliferaran, habría sido más provechoso asignarles cualquier trabajo para que recibieran, con el sello de la ley y de la moderna moral clasista, la cuota de valor derivada del impuesto progresivo (quitar a los ricos para dar a los pobres, una versión moderna de Robin Hood muy apreciada también por los falsos comunistas, especialmente los más izquierdistas). Los hombres sobrantes, en definitiva, en lugar de no nacer, deberían haber dejado de vivir, ser más que nunca meros conductos de valor, «cavar hoyos con el único propósito de rellenarlos», para que el ciclo de acumulación no se atascara por el colapso de la producción y el consumo. La peor enajenación humana, disfrazada de «bienestar». Keynes admitió que el esquema fisiocrático del producto neto, y por tanto la ley de la demanda efectiva de Malthus, habían influido en su teoría económica.

Por supuesto, el surgimiento del proletariado —fenómeno complementario a la expropiación del campesino y a la explosión demográfica urbana en Occidente— da lugar también a teorías sobre el proletariado, tanto por parte de la conservadurismo (la economía política) como, sobre todo, de la revolución (Marx y la teoría del comunismo). Precisamente por temor a la revolución, la burguesía moderna vuelve a abordar el problema. La feroz transformación social pone en peligro el orden burgués, y la burguesía responde con el cañón y con las reformas, en una alternancia natural, según las necesidades. Las nuevas formas de pauperismo son peligrosas por dos aspectos: el primero es la degeneración social, la violencia, la ilegalidad, terrenos poco fértiles para el sentido cívico del buen ciudadano, más acordes con el rechazo del orden productivo de la fábrica y del entorno del que esta necesita; el segundo, opuesto y sin duda el más importante para nosotros, es la tendencia espontánea a la organización proletaria, no la episódica, sino la derivada del propio entorno productivo que obliga a la racionalidad, se introduce en los comportamientos colectivos y se manifiesta con cada vez mayor regularidad a través de formas inesperadas de lucha.

En Inglaterra, las poor laws, las leyes para los pobres, produjeron más ahorcados y deportados que obreros productivos y fueron abandonadas en 1834, tras más de dos siglos de ineficacia. La Alemania de Bismarck, país con un capitalismo joven y, por tanto, que se desarrolló rápidamente con las contradicciones más modernas, fue la primera en instaurar, entre 1883 y 1892, un sistema de medidas sociales modernas a favor de los estratos más pobres de la población. También en Alemania, de las propias filas de la burguesía surgió, a caballo de la Primera Guerra Mundial, la no tan extraña utopía burguesa de un «socialismo del capital», cuyo máximo exponente fue el capitalista Walther Rathenau: «El orden al que llegaremos será un orden de economía privada, pero no de una economía sin frenos […] Nos reiríamos de alguien que quisiera comprarse un cañón para hacerse independiente[…] a nadie se le ocurre pretender para sí mismo un tramo de ferrocarril o de red telegráfica, fundar su propio sistema particular de jurisdicción privada, pero esto, en lo que respecta a la economía, se acepta sin discusión […] La economía debería, en cambio, ser susceptible de un ordenamiento racional, de una organización consciente, de una penetración científica y de una responsabilidad solidaria, de modo que pueda rendir muchas veces más de lo que hoy se obtiene con la lucha de todos contra todos». Rathenau proponía algo más que un «Estado social», anhelaba un Estado integrado en todos sus componentes, una población sin clases en armonía con el Capital. Su alarma y su programa encontraron eco en la impresionante película Metrópolis de Fritz Lang (1926), cuyo final de reconciliación social gustó a los nazis. Fue asesinado en 1922 por un derechista que no había entendido nada de cómo evoluciona el movimiento real.

Estados Unidos, otro capitalismo joven, se vio obligado por la Gran Depresión, medio siglo más tarde, a promulgar la Social Security Act (1935), el primer corpus completo y articulado de leyes sobre la política moderna de protección social por parte del Estado. Mientras tanto, Italia y Alemania habían adoptado medidas similares, llevando a sus últimas consecuencias no solo el problema de la protección social, sino también el del control global de la realidad económica, al menos dentro de las fronteras nacionales (en el exterior, esta exigencia se manifestaba aún con la necesidad de un control territorial directo). Naturalmente, tal control presuponía como elemento fundamental la eliminación —primero violenta y después institucional— de los conflictos sociales y la colaboración de clases.

El capitalismo imperialista más antiguo, el de Inglaterra, que había puesto en marcha las políticas sociales ya en el siglo XVII, llega el último a la escena del bienestar moderno, en 1942, aunque redacta su manifiesto completo de la mano del economista Beveridge. A decir verdad, este lord de la vieja escuela, a caballo entre el reformista y el utópico, tras estudiar los desastres del capitalismo a principios de siglo, ya había elaborado un documento en 1909, pero no fue escuchado. En 1944 volvió a publicar una versión privada de su informe, que contenía un programa de keynesianismo puro. El autor de este programa fue derrotado individualmente en la política y se retiró a estudiar las utópicas new towns, que pronto degeneraron en sórdidos suburbios metropolitanos llamados eufemísticamente «ciudades jardín»; pero, en general, la política del bienestar se convirtió en algo habitual en todos los principales países capitalistas, alcanzando su apogeo en los años 60 del siglo pasado en los países del norte de Europa, especialmente en los escandinavos.

Italia, que no había desmantelado en absoluto la economía controlada del Estado fascista, fue pionera también durante toda la posguerra, sobre todo con una política orientada al gasto público, a las subvenciones industriales y a una fuerte redistribución de la renta. Aunque el sistema, sobre todo en el sur, parecía desastroso y de bajo rendimiento debido a una burguesía charlatana chapucera, en su conjunto fue en realidad bastante eficiente, hasta el punto de situar la economía nacional casi a la par con las de Francia, Inglaterra y Alemania (valor del producto per cápita en unidades de poder adquisitivo).

El significado de las liberalizaciones falsas

Fue en los años 70 cuando se alcanzó el nivel máximo de aplicación de las políticas expansionistas directas, es decir, de la intervención del Estado para sostener la producción y el consumo a través de tres canales principales: incentivos a la industria, redistribución de la renta con el fin de elevar la capacidad total de consumo de los sectores sociales sin ingresos, e inversiones públicas (viviendas sociales, infraestructuras, industria estatal, etc.). Pero la caída generalizada de la tasa de ganancia, bien evidenciada por la caída relativa de la producción industrial, que es su principal indicador, provocó una consiguiente dificultad para recurrir a las fuentes de valor que sustentaran dichas políticas. La consecuencia fue un déficit generalizado en las cuentas públicas, un recurso a la deuda pública y, por tanto, un aumento de la propia deuda consolidada y de la presión fiscal para su gestión a lo largo del tiempo.

En los años 80, Inglaterra y Estados Unidos (a través de los «chiflados» del momento, Thatcher y Reagan, que dieron lugar a los respectivos «ismos» en sus países) fueron los primeros en verse obligados a abandonar las viejas políticas de control de la economía para adoptar otras nuevas, agrupadas genéricamente bajo el término desregulación. No se trataba en absoluto, nótese bien, de eliminar el control, sino de instaurar otro de tipo diferente y más eficaz, y por tanto más estricto. Al control directo del Estado sobre los elementos de la producción y los ingresos le sustituyó, pues, un control indirecto, basado principalmente en la manipulación de los flujos financieros.

Ahora bien, es obvio que los dos únicos países capaces de controlar a escala mundial dichos flujos (a través de los dos instrumentos históricos por los que pasa la casi totalidad de las finanzas mundiales que cuentan, Wall Street en Nueva York y la City financiera en Londres), sacaron provecho de ello. Esto no podía suceder en los demás países y, de hecho, el resto del mundo, aunque obligado a seguir las políticas de desregulación de las que bien habría prescindido, no logró ponerse al día ni siquiera en veinte años.

El capital financiero que se mueve desde y hacia los principales centros mundiales de distribución es menos «especulativo» de lo que parece a primera vista en las transacciones cotidianas. En general y en el transcurso de unos años, esta circulación distribuye y fija el valor efectivo, en el sentido de que se transforma en propiedad industrial, y acaba controlando en origen, al menos en parte, el plusvalor que fluye a manos de los mayores poseedores de capital. A través de las bolsas mundiales y los bancos de peso internacional se compran empresas, se llevan a cabo fusiones, se influyen en programas de desarrollo; en definitiva, se modifica la estructura de la propiedad y de la competencia a favor, obviamente, de los grupos capitalistas y de las naciones más fuertes.

Este tipo de expolio del plusvalor internacional solo es posible por parte de unos pocos países si muchos otros relajan el control interno sobre los flujos de valor. Esta es la razón por la que Estados Unidos, Inglaterra, los grandes grupos financieros y los especuladores internacionales han comenzado a hacer mucho ruido sobre la liberalización del mercado, es decir, sobre la facultad de dirigir mejor los flujos de capital en todo el mundo. Esta es la razón por la que los países que no tienen el poder de gobernar los flujos extranjeros no pueden desmantelar el antiguo sistema de protección social interno, a pesar de las grandilocuentes tomas de posición de los grupos burgueses más vinculados a los intereses del capital internacional o simplemente más estúpidos o serviles. Esta es también la razón por la que países con rigideces internas intrínsecas, como Alemania y Japón, se encuentran hoy en grandes dificultades: al no poder contar con la posibilidad de explotar internacionalmente a los proletarios del resto del mundo, se ven obligados a sacar el máximo provecho de los suyos, sin por ello reducirlos a una condición de Tercer Mundo (no por bondad, sino para sostener el consumo interno).

Al actuar así, es decir, al mantener el estado del bienestar y una política de salarios relativamente altos, pierden cada vez más competitividad en el mercado mundial. Al ser exportadores netos, esta situación se ha convertido en un desastre en cuanto se ha dejado sentir el estancamiento mundial. Japón lleva diez años de rodillas y Alemania está a punto de seguir la misma trayectoria descendente. Y lo mismo ocurre con otros países con características similares. Corea, cuya producción es muy sensible al mercado mundial, se ha visto sumida en la revuelta social tan pronto como intentó adaptarse a la competencia liberalizando el mercado interno de la fuerza de trabajo. Italia, que se encontraba en condiciones aún peores, aprovechando paradójicamente el corporativismo clasista heredado del fascismo, logró, en cambio, a partir de 1992-93 (cuando se rozó una grave crisis social y la revuelta proletaria), a involucrar a partidos y sindicatos en una desregulación salvaje que, de hecho, ha desmantelado por completo el anterior sistema de garantías (las maniobras actuales, como la del artículo 18, no son más que escaramuzas políticas dentro de las formaciones burguesas, como vemos en otro artículo).

Estados Unidos e Inglaterra simplemente han servido de pioneros para el resto del mundo capitalista, obligándolo, en el transcurso de veinte años, a sintonizarse con las exigencias del capital mundial, es decir, a liberar al proletariado de los distintos países de toda tutela nacional.

Nos encontramos, pues, ante un paradoja: Estados Unidos e Inglaterra fueron los países que dieron cuerpo teórico, adoptaron y llevaron a sus últimas consecuencias los experimentos fascistas, nazis y estalinistas en el ámbito social, hasta tal punto que las políticas de bienestar social eran sinónimo de economía angloamericana y nada más; pero precisamente Inglaterra y Estados Unidos fueron los primeros países en sufrir esta política. La cual, según admitió el propio Keynes, ya era un intento de remedio, un parche. Es difícil ir más allá remendando el parche, volver a las condiciones de partida; es más, es un absurdo, dado que no se puede hacer retroceder ni la historia ni, mucho menos, el desarrollo de la fuerza productiva social.

Evolución del sistema

En teoría, la política del Estado del bienestar debía representar, ante todo, un remedio para las tensiones sociales mediante la atenuación de las contradicciones del capitalismo, que se deben, recordémoslo, a los efectos del desarrollo continuo de la fuerza productiva social. Keynes lo dijo abiertamente: si se dejara al capitalismo a su suerte, tendríamos una revolución inevitable. Es la misma observación que hizo Marx cuando señaló las capacidades de autolimitación del sistema cuyas leyes estaba descubriendo: «Un desarrollo de las fuerzas productivas que tuviera como resultado la disminución del número absoluto de obreros, que permitiera en esencia a toda la nación realizar la producción total en un período menor de tiempo, provocaría una revolución porque reduciría a la miseria a la mayor parte de la población». El pasaje continúa con otra observación sobre este límite contra el que choca el modo de producción capitalista, forma de desarrollo en absoluto absoluta como pretenden los burgueses, sino, por el contrario, forma que entra necesariamente en conflicto insalvable con el propio desarrollo.

Para Marx, como es sabido, la evolución del sistema es una función de la producción, mientras que las escuelas burguesas introducen parámetros diferentes, como los precios, la satisfacción marginal o las propensiones psicológicas. Si bien Keynes no fue un defensor específico de la economía del bienestar y de la protección social, fue, sin embargo, el primero entre los economistas en elaborar, para el capitalismo, una teoría sobre la necesidad de medidas correctivas económico-sociales de aplicación práctica, y lo hizo trabajando en un modelo dinámico capaz de modificar el desequilibrio de los flujos de valor en el sistema. En última instancia, quería lograr una modificación de los factores de producción-distribución. Cabe sospechar que Keynes, sin mostrarlo, se inspiró no solo en Quesnay y Malthus, sino también en Marx: su enfoque es un modelo dinámico de flujos de valor a partir de su origen, es decir, de la industria. Aunque mucho más complicado que el de Marx, podemos relacionarlo fácilmente con el intercambio de valor entre las clases. Si Malthus había copiado mal a Quesnay, Keynes lo hizo de Marx, con la agravante de ocultarlo.

Esto no es en absoluto extraño: para demostrar desde un punto de vista materialista la caducidad del capitalismo sometido al trabajo de la revolución que avanza (el comunismo), Marx tuvo que desarrollar un esquema dinámico ya preparado por un feudalismo que, abrumado, registraba la victoria del adversario mientras que en el papel lo describía como estéril; Keynes tuvo que recurrir a la dinámica en el intento ideológico de remendar el capitalismo y hacerlo eterno, ocultándose a sí mismo el hecho de que su clase ya era estéril en la realidad. Y, de hecho, estéril es una sociedad que necesita drogar su propio sistema, ya incapaz de funcionar por sí solo. Esta operación del economista inglés, más filosófica que científica, podría explicar tanto la enorme incoherencia entre los escritos de los distintos períodos de su vida, como la teorización a posteriori, cuando el fascismo y el nazismo ya habían tomado el camino «keynesiano». Incoherencia y remiendos que se reflejaron posteriormente en toda su escuela y que le fueron reprochados sin piedad por los librecambistas.

En cualquier caso, la intervención masiva y totalitaria del Estado en la economía fue necesaria para superar la catastrófica crisis mundial de los años treinta. Más tarde, hasta hace unos pocos años, en condiciones de acumulación no demasiado perturbadas como en este último y largo posguerra, las políticas keynesianas fueron igualmente necesarias para el sistema, tanto para controlar y orientar el crecimiento económico, como para frenar los fenómenos depresivos y bloquear, sobre todo, la tendencia a esos efectos acumulativos que habían dado lugar a la reacción en cadena que desembocó en la Gran Depresión. En Vulcano della produzione o palude del mercato?, un texto de nuestra corriente, se someten a crítica los resultados de otra escuela neomalthusiana (a través de un modelo de J. J. Spengler), y se demuestra que todos estos intentos llevan finalmente a los burgueses a inclinarse ante la función de producción marxista si quieren comprender los mecanismos económicos y extraer conclusiones para las políticas respecto a su propia sociedad.

La política social de los antiguos países capitalistas debería haber garantizado una atenuación de las contradicciones, combinando el seguro social de base contributiva con la eficiencia productiva derivada de la «programación» económica. Se debía invertir, mediante políticas adecuadas para un uso racional, la enorme reserva de capital a la espera de su consumo diferido. De ahí un bienestar generalizado en una sociedad más equilibrada y segura, caracterizada naturalmente por la paz social bendecida por sindicatos, partidos y sacerdotes progresistas. En aquellos años, este proceso influyó también en la Santa Sede: la encíclica Mater et Magistra, de 1961, rechazaba el principio liberal según el cual la socialización era una amenaza para la sociedad. Aceptaba, por tanto, la socialización y la declaraba elemento irreversible del crecimiento humano, en cuyo marco los creyentes debían aportar su contribución. Naturalmente, hubo gran júbilo entre los estalinistas hasta en Moscú, donde no se había comprendido en absoluto la visión de futuro de la Iglesia respecto al proceso histórico que conduciría a su destrucción.

La cantidad de valor acaparada en la sociedad por las políticas sociales fue enorme. En Italia llegó a representar hasta la mitad del llamado coste laboral, alrededor del 10 % del valor total producido ex novo en un año. Naturalmente, también surgieron subproductos ideológicos, como una especie de alternativa entre el capitalismo y el socialismo, vías intermedias explícitamente teorizadas o sometidas a crítica. Pero más allá de las intenciones, es decir, de la planificación o del liberalismo desenfrenado de los responsables del Estado, toda la sociedad se benefició del aumento de las posibilidades de consumo, incluidos, aunque en menor medida, los proletarios, que tuvieron acceso a algunos bienes duraderos antes negados. Clásicamente, a la corrupción de las clases explotadoras o parasitarias correspondió también una corrupción del proletariado, a través del vehículo de sus organizaciones degeneradas. Es un hecho material, que ciertamente no debe evaluarse en términos moralistas. De ahí el crecimiento de actitudes conscientes que llevaron al mundo político, sindical y del gran capital aparentemente a «cooperar en nombre del bien común del país», pero en realidad a acaparar cuotas de plusvalor cuya distribución permitía el sistema keynesiano de control de los flujos.

Se asistió, lenta pero inexorablemente, a la expansión de las capas sociales «parásitas» que vivían del plusvalor ajeno, describibles exactamente con las palabras que Marx utiliza contra Malthus y citadas más arriba. Especialmente en Italia, los antiguos partidos obreros y los sindicatos participaron en el festín, arraigándose, directamente o mediante organismos paralelos, en el ámbito de las cooperativas, los supermercados, las aseguradoras y la venta de servicios a los usuarios a través del Estado (por ejemplo, a través de los Centri di Assistenza Fiscale). Durante muchos años, el sistema funcionó sin demasiados impedimentos, precisamente mientras hubo plusvalor que distribuir en abundancia.

El número y el tamaño de las «instituciones», es decir, de los aparatos surgidos exclusivamente a raíz de la posible «distribución de la renta», crecieron desmesuradamente, y con ellos la burocracia y el clientelismo, con gran perjuicio para la eficiencia y la adecuación de todo el sistema. Mientras que en Inglaterra y en Estados Unidos el fenómeno afectaba a un aparato productivo antiguo e ineficiente, que luego se reconvertiría principalmente a los servicios, abandonando a la ruina ciudades exindustriales enteras con las instalaciones invadidas por la maleza (el Rust Belt, el cinturón del óxido), en Italia se asistía a un conflicto mortal entre un aparato productivo que se estaba convirtiendo en uno de los más modernos y eficientes del mundo (con niveles de automatización y competitividad estudiados incluso en el extranjero) y el bajísimo rendimiento del sistema en su conjunto. Una vez superados desde hacía demasiado tiempo la guerra y el Plan Marshall, las transferencias de plusvalor entre las clases y las medias clases se desvincularon de cualquier programa de reconstrucción industrial y social, siguiendo simplemente los intereses de los beneficiarios.

Llegaron incluso a trastocar el sistema de la seguridad social propiamente dicha, extendiéndose por toda la sociedad, hasta sus recovecos más ocultos, por ejemplo con la distribución, sobre todo en el sur [de Italia], de prestaciones exiguas pero concedidas a gran escala. Mientras que en los años 50 el gasto público representaba el 30 % del valor total producido, en 1970 ascendió al 36,3 %, en 1980 al 48,8 % y en 1985 a casi el 60 %. Esta situación, cuyo origen está implícito en la gran cantidad de plusvalor disponible en la sociedad, en los problemas que plantea su distribución, especialmente hacia las medias clases, y por tanto en la teoría comunista de la creciente miseria relativa del proletariado, evidentemente no podía durar. El sistema comenzó a dar señales de debilidad en los años 80, después de que la crisis del petróleo y la competencia internacional hubieran erosionado las cuotas de plusvalor.

Sin una crisis generalizada y una guerra igualmente generalizada que destruyan el trabajo muerto —es decir, el capital acumulado—, no podrá darse lugar a un nuevo ciclo de aplicación del trabajo vivo en la reconstrucción. Tampoco se podrá obtener suficiente plusvalor para garantizar el nivel de vida actual de todas las clases. Los mecanismos productivos y distributivos, impulsados por la ley marxista de los rendimientos decrecientes, llevan ya tiempo provocando una enorme acumulación de valor en muy pocas manos y una enorme distribución de la miseria a escala planetaria. Los estratos intermedios de la población ya están sufriendo una drástica sangría, cuyos efectos se manifiestan por ahora en un indeterminismo político de los gobiernos, en su incapacidad para actuar ante los problemas y en una confusión de roles entre las clases, fenómenos todos ellos generalizados en los principales países capitalistas.

No hay duda de que, con las persistentes dificultades de acumulación, en los próximos años el problema se agravará enormemente, como por otra parte ponen de manifiesto todos los modelos macroeconómicos, aunque solo sea con la proyección de los fenómenos debidos al descenso demográfico y al aumento de la edad media de la población. Pero hay otros datos que agravan la situación, en primer lugar la integración mundial, que provoca efectos catastróficos sobre el antiguo orden mundial dividido en naciones soberanas. La inmensa circulación de capitales a través de las fronteras, el no menos importante desplazamiento de personas y actividades productivas con la consiguiente confrontación directa entre los salarios en todo el mundo, la impotencia de los gobiernos nacionales para hacer frente a las nuevas exigencias con legislaciones adecuadas para mantener, si no el «bienestar», al menos la paz social, son todos elementos que tienden a eliminar de hecho, con el tiempo, las políticas nacionales del Estado del Bienestar para sustituirlas por programas mundiales de supervivencia del capitalismo y de exorcismo frente a la revolución.

Tanteos económicos y tentativas de proyectos sociales

La economía capitalista moderna nos ofrece muchas pistas para comprender la necesaria transición hacia la no-economía de la sociedad futura, donde será mucho más sencillo el control general de los flujos de bienes y de trabajo sobre la base de una contabilidad por objetos y no por valor. Donde no habrá «amortiguadores sociales», sino armonización entre los diversos componentes de la sociedad, ya sean productivos o aún no lo sean, o ya no lo sean. Para comprender la transición hacia la sociedad futura no hay nada mejor que comprender lo que ya está realizando esta sociedad, tal y como es, con su control autoritario de los flujos de valor. Hay algunas dificultades que superar, debidas sobre todo a la costumbre: para poder ver la ruptura necesaria debemos tener en mente la sociedad del mañana, con todas sus características de negación de la presente. El procedimiento contrario, es decir, imaginar una evolución gradual de esta sociedad hacia una «mejor», no nos muestra nada: en lugar de una transformación (paso a otra forma mediante la ruptura de la antigua forma social) tendríamos una re-forma.

La forma social actual, basada en el valor, tiene un «rendimiento» muy bajo. El fenómeno ha sido analizado en profundidad en Scienza economica marxista[2] [Ciencia económica marxista] y remitimos al lector a dicho texto. Recordemos solo que nuestra teoría del despilfarro capitalista no es un resurgimiento del moralismo contra los capitalistas que se atiborran de plusvalor «robado» a los proletarios, sino una teoría de la disipación física debida a un sistema que crece a ritmos y rendimientos cada vez más bajos. Una vez eliminada la disipación debida al capitalismo, la fuerza productiva social se disparará hacia usos más racionales en relación con las necesidades humanas; una vez eliminada la propiedad, ya no habrá necesidad del Estado para dirigir las energías (ya no el «valor») en todas las direcciones con el fin de salvaguardar de la mejor manera posible la reproducción de la especie en su entorno. La sociedad de transición estará lo suficientemente madura como para utilizar el Estado únicamente con el fin de eliminar rápidamente las razones materiales de su propia existencia, es decir, para extinguir las clases. No para divinizarlo junto con la Patria Socialista, como ocurrió en el ámbito de la revolución atrasada.

Ya no habrá crisis que superar o evitar. Cada medida para la orientación de las energías será una actividad de la especie y no una estratagema para continuar el ritmo de la explotación y la acumulación. Se extinguirá entonces también el partido de clase, sustituido por un órgano específico del cuerpo social. En este contexto, una disminución del uso-disipación de energía no se considerará una catástrofe, como cuando disminuía el PIB, sino que se perseguirá y planificará, en armonía con la atención prestada a toda la biosfera, de la que la humanidad es solo una parte.

Cuando burgueses como los citados Keynes, Spengler y diversos neomalthusianos abordan el problema de la disipación de valor bajo el impulso de una crisis gravísima como la Gran Depresión de los años 30, lo hacen desde la perspectiva de quienes quieren retomar un ciclo de mayor disipación sin que ello vaya seguido de efectos catastróficos. Y para ello buscan la cura para el capitalismo enfermo, lo drogan con todo tipo de dopaje. Keynes es el máximo exponente de las teorías disipativas de la economía política, el teórico del trabajo inútil y del consumo desenfrenado que revitalizan el Capital. No bromea en absoluto cuando dice que cavar hoyos con el único propósito de rellenarlos, hacer la guerra y construir pirámides son medios para explotar la energía social con fines de lucro. Incluso cuando traza esquemas asépticos, es como si comprometiera a la humanidad en un pacto faustiano con el Capital: le vende el alma para obtener puntos de crecimiento, pero el infierno está asegurado.

Ante la catástrofe que ya ocurrió una vez, el economista asustado tiene una sola preocupación: «¿Podría repetirse?». La pregunta es también el título de la famosa investigación de Hyman Minsky, quien afirma sin rodeos: «Dos generaciones de ciudadanos y de políticos han vivido en el terror de que el espectro de aquel gran colapso regresara. Uno de los principales objetivos de los reformadores era organizar las instituciones económicas y financieras de manera que el gran colapso no pudiera repetirse».

Bien, hasta ahora lo han conseguido, y nos interesa mucho saber cómo lo han hecho, porque si el capitalismo se ve obligado a autolimitarse, significa que ha dejado de ser capitalismo. Dado que este modo de producción concreto es intrínsecamente inestable —admite el autor citado—el acontecimiento más importante de esta posguerra es, en realidad, algo que no ha ocurrido: es decir, no ha habido otra crisis catastrófica. Los méritos de este hecho extraordinario, dado que, por el contrario, existían todas las condiciones para que se repitiera, se atribuyen íntegramente a la intervención del Estado. Si, por tanto, el Estado tiene el poder de modificar la orientación de los beneficios y del consumo (salarios e inversiones), también debería tener el de exorcizar las crisis catastróficas para siempre. De hecho, estas son catastróficas, históricamente inevitables y cíclicas solo cuando no se sabe gobernar el proceso de formación del valor y su distribución. Keynes tenía una enorme confianza en la posibilidad de gobernar el capitalismo, y, por tanto, de eliminar las crisis y hacer que la humanidad viviera en el bienestar consumista. Este himno a la eternidad del Capital es significativo no tanto porque se le pueda reprochar eficazmente en la polémica histórica sobre la realidad de la miseria creciente, sino porque contiene un elemento técnico de extrema importancia para nosotros, los comunistas: el valor producido puede utilizarse al margen de la voluntad de quienes tienen la propiedad jurídica del mismo; es decir, que los capitalistas, cuando no son eliminados por la competencia, son, al menos en parte, expropiados por el Capital.

Tanto Keynes como Minsky (este último era asesor del Gobierno estadounidense cuando escribió su ensayo) capitulan estrepitosamente ante el marxismo: mientras que en la teoría neoclásica del equilibrio —dice Minsky— el beneficio viene dado por la productividad marginal de las inversiones multiplicada por la masa de capital invertido (para nosotros: tasa de beneficio por capital anticipado), en una teoría dinámica que permita prevenir las crisis es necesario saber antes qué ocurre con el beneficio, es decir, orientarlo; no basta con un dato extraído de series históricas. Una afirmación realmente interesante porque, además de representar en cierto modo un intento de inversión de la praxis, una política según un proyecto, hace reaparecer nuestra función de producción. De hecho, es el beneficio-plusvalor lo que determina la producción futura. La cual, a su vez, deberá venderse, y solo lo hará si se enfrenta a una demanda solvente. Al final, esta debe encontrarse necesariamente, aunque sea a costa de estimular el mercado, es decir, de suscitarlo, de inventarlo. Desde que el capitalismo ha madurado, ya no es el salario, es decir, la parte de la demanda solvente representada por los trabajadores, lo que establece el nivel de producción de bienes de consumo, sino al revés. El fenómeno es algo muy diferente de la ley de Say (todo volumen de producción encuentra por sí mismo su mercado), que rechazamos. En nuestro caso, tan moderno, interviene una doble regulación debida precisamente a la madurez del capitalismo: 1) si el salario es, como siempre lo definimos, la cantidad de bienes que sirve para reproducir la fuerza de trabajo, el valor de esta última, es decir, su precio medio de mercado, viene determinado por la cantidad de bienes compatible con unas condiciones medias de vida dadas (aquellas a las que se dirige el ataque publicitario antes de dar lugar a la producción); 2) incluso sin suponer una producción totalmente just in time, cosa imposible, es normal, no obstante, que la industria adapte la producción a la absorción del mercado con márgenes de error reducidos. Lo mismo vale para el consumo industrial, es decir, las inversiones: estas son requeridas no tanto por el aumento de la producción y la obsolescencia material de las instalaciones como por la competencia, que impone un ciclo de renovación cada vez más frenético, y se programan en base a datos bastante fiables.

Según la antigua polémica de los comunistas contra la economía política, la teoría del valor es capaz de informar por adelantado sobre lo que ocurre en la sociedad que produce y se reproduce, mientras que la forma fenoménica del precio es una realidad aleatoria que se forma con retraso respecto a la producción y al comportamiento del mercado. La nuestra es una teoría y, al mismo tiempo, un método de previsión; la economía política es una constatación y un intento de parche. Habiendo rechazado la teoría del valor por razones de clase, los capitalistas individuales intentan obtener previsiones basándose en la evolución estadística de la producción y el consumo y proyectan esa tendencia hacia el futuro. Pero el Estado, capitalista colectivo, no puede limitarse a esto, debe tener un programa e intervenir en la realidad tratando de prevenir desastres como el de 1929, que solo tuvo su desenlace con la guerra más terrible.

Ahora bien, la Gran Depresión tuvo el efecto de iluminar parcialmente a algunos burgueses, hacerles abandonar las teorías mecánicas del equilibrio y empujarlos a la búsqueda de modelos dinámicos. Podrían haber alcanzado sus resultados más rápidamente copiando directamente a Marx. Al disponer de las herramientas matemáticas posteriores, las teorías de las relaciones, las de los sistemas complejos y los modelos computarizados, habrían sido capaces de comprender mejor su propio sistema. Pero no podían admitir el mecanismo principal de este sistema, la explotación. En el citado Vulcano della produzione se dice claramente que el capitalismo descrito por Marx es menos desastroso y más eficiente que el que descubren los apologetas cuando dejan de hacer una apología pura y simple del mismo. Si no fuera así, ya estaría muerto y enterrado. Cuando los economistas modernos se asustan ante los desastres sociales que provoca el capitalismo, se vuelven apocalípticos e investigan los «límites del desarrollo», predicando la necesidad de tomar medidas drásticas, pues de lo contrario será el fin. Con todos sus ordenadores no aciertan ni una y sus escenarios resultan incluso más catastróficos que los nuestros. Esto ocurre porque solo tienen en cuenta el nivel de precios, la disponibilidad de recursos físicos (en el fondo, la teoría de la renta) y la degradación del medio ambiente. En su visión subjetivista ven a los capitalistas correr hacia la quiebra, y es cierto, pero no se dan cuenta de que el capitalismo se beneficia de la destrucción continua de capitalistas y capitales (trabajo pasado, muerto) y que esto tiene un efecto sobre la duración histórica de la explotación (dominio sobre el trabajo actual, vivo). El capitalismo no es eterno, por cierto; Marx era «derrumbista» en este sentido, pero su existencia solo puede acortarse mediante la posibilidad de un derrocamiento político.

Si el Estado, mediante una política económica y social (Estado del Bienestar), se encarga de controlar la inversión ya producida en la sociedad, de controlar así el juego de la competencia, de las inversiones innovadoras y productivas, el acceso a los mercados y el nivel de consumo, está claro que determina o, al menos, salvaguarda el nivel de beneficios y de salarios (estos últimos, precisamente con el fin de evitar la lucha de clases, se entienden en sentido amplio, es decir, social, como ingresos destinados a los trabajadores productivos, a los sectores improductivos, a los desempleados y a la intervención asistencial propiamente dicha). La palanca es la ya clásica del impuesto progresivo, del crédito, de los tipos de interés y de los sistemas de seguros y de previsión social; al actuar sobre ella, el Estado controla el mundo financiero. Es más, coaliciones de Estados intentan ahora hacerlo también a nivel internacional.

Que esto ocurra actuando directa o indirectamente no tiene importancia, pero sucede a tal nivel que hablar de capitalismo a la antigua usanza para definir este estado de cosas ya no tiene sentido. En un texto de nuestra corriente, Propiedad y Capital[3], hay un capítulo dedicado a la formación material de una «economía comunista» ya en la sociedad actual. Por eso, la necesidad de superar la vieja forma social no se presenta en el programa comunista solo como una «reivindicación ideal», sino como evidencia concreta de la inutilidad de estructuras que sobreviven al estallido de la fuerza productiva social, incluso mucho antes de la ruptura política revolucionaria.

La forma esclavista ya había muerto en la época del latifundio romano tardío; la forma feudal ya estaba impregnada de tráficos y manufacturas capitalistas; la forma capitalista madura ya ha desarrollado por completo todas las estructuras materiales útiles para la sociedad futura. El sistema de reparto social masivo del plusvalor, combinado con el control manipulado de la economía, es incluso algo que va más allá del capitalismo «normal». Nos permite anticipar posibilidades de planificación mucho más poderosas, recordándonos que la humanidad ya ha conocido antiguas sociedades urbanas, aún comunistas, capaces de canalizar inmensas energías hacia la construcción de obras que aún hoy nos dejan asombrados. Quien se disponga a estudiarlas desde el punto de vista del uso de la energía social se da cuenta fácilmente de cómo, del capitalismo a la sociedad comunista desarrollada, se liberarán potencialidades mucho mayores gracias a la ciencia y la tecnología modernas.

MAÑANA

Premisas para la sociedad futura

Pero entonces, siguiendo nuestra teoría que hace del capitalismo la base real del comunismo, debemos ver también en estas realizaciones la mano del viejo topo que excava bajo el escaño de la burguesía. Debemos sentir satisfacción ante el ballet sin sentido de los neoclásicos neoliberales, que predican a cada paso la privatización y la demolición del Estado del bienestar. Ante procesos de socialización irreversibles, querrían volver a la época anterior a la Gran Depresión, cuando medidas como las actuales ni siquiera eran imaginables. Insensatos, porque se verán obligados a hacer lo contrario: a reforzar el Estado, no a debilitarlo; a invertir más en el control social, no menos; a proyectarse hacia el mundo, no hacia la patria.

La crisis catastrófica se cierne como una espada de Damocles sobre la cabeza de la burguesía, que ya no puede contentarse con describir los procesos, sino que debe preverlos y prevenir las consecuencias de las tendencias detectadas mediante una observación continua y obsesiva. Por eso se ve obligada a bajar a nuestro terreno y a mostrar, con más claridad que nunca, con cuánta ansiedad intenta defender su sistema tambaleante.

Aunque el enfoque keynesiano no se inscribe en la historia del Estado del Bienestar, o al menos se mantiene separado de ella, para nosotros es evidente que la maduración paralela de ambas exigencias terapéuticas para el sistema capitalista enfermo se inscribe en un único capítulo de la contrarrevolución. Para los economistas clásicos y neoclásicos, el enfoque de la realidad de la producción y del mercado consistía en ofrecer —mediante artificios analíticos — una explicación de los fenómenos en un modelo de equilibrio entre producción, empleo, consumo y otras variables estrechamente relacionadas. Para los economistas keynesianos —y en esto consiste, a pesar de las incongruencias teóricas, el interés de su enfoque—, la producción, el empleo, el consumo, etc., deben explicarse en su proceso de variación.

Para muchos economistas burgueses, Marx debe contarse entre los clásicos, ya que habría utilizado las categorías adaptándolas bien a la filosofía que lleva su nombre, bien a las exigencias de la lucha de clases. Tales enormes tonterías quedan barridas por una sola consideración: el esquema de reproducción ampliada es un modelo de retroalimentación positiva altamente dinámico, hasta el punto de conducir a un crecimiento exponencial; en cambio, los factores políticos y sociales que rodean a la producción representan un modelo de retroalimentación negativa, capaz de frenar e incluso hacer saltar por los aires el sistema. El keynesianismo y el Estado del Bienestar representan el intento de conciliar la intervención política en el esquema de reproducción, es decir, de transformar la retroalimentación negativa en positiva. El crecimiento eterno.

Obviamente, es una tontería. Desde el punto de vista físico y biológico, nada puede crecer eternamente. Por lo tanto, si el sistema crece, se desmorona debido al predominio de la primera retroalimentación; si no crece, se desmorona igualmente debido al predominio de la segunda, que lo aniquila. En cualquier caso, la fuerza productiva social se ve frenada por el modo de producción capitalista. El comunismo, como movimiento real fuertemente destructivo frente al presente, es un proceso dinámico perfectamente descrito por Marx. El cual desarrolla al mismo tiempo la crítica contemporánea a los clásicos y la preventiva a los neoclásicos, keynesianos y neoliberales (a estos últimos les encanta el Estado cuando privatiza los beneficios y socializa las pérdidas).

Si en un momento dado el capitalismo, en su carrera por permear el mundo, en lugar de expandir internacionalmente el sistema de control social —llámese Estado del Bienestar o de otro modo, da igual—, tuviera que restringir su alcance y basar su supervivencia, frente al inevitable ataque de la clase proletaria, únicamente en la fuerza de las armas, estaría acabado. No es imposible que se llegue a ese punto, pero sería realmente una no-solución, desesperada, definitiva. Por ahora asistimos a una expansión burda y primitiva que se traduce en fondos de ayuda e inversión a favor de zonas catastróficas, en la proliferación de organizaciones internacionales de ayuda, en miles de campos de refugiados y de todo tipo, en intervenciones para absorber excedentes agrícolas e industriales invendibles. El hecho es que hoy, al igual que en los planes de apoyo a la producción o en los de protección social, existe una creciente redistribución del plusvalor no solo dentro de cada país, sino en todo el mundo. La ONU se ocupa casi exclusivamente de un debate político sobre el tema, mientras que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, auténticos órganos del ejecutivo del Capital, se ocupan de ello desde el punto de vista práctico.

Al no existir las clases en el esquema keynesiano, el modelo se vuelve confuso y poco claro. No se entiende, por ejemplo, de dónde surgen las dificultades del sistema que se quiere «salvar». Al fin y al cabo, parecerían deberse a simples desequilibrios de distribución, por lo que serían recuperables con medidas fiscales y de presupuesto público, mientras que para nosotros se deben al choque entre la producción social y la apropiación privada del valor. A pesar de todo, una cosa está clara: el esquema keynesiano nos dice que el consumo es una función de la renta global, aunque de manera no proporcional: es decir, crece la inversión, crece la producción, crece la ganancia, pero el consumo no crece en la misma medida. ¿Por qué? He aquí la confesión: los sectores de bajos ingresos, aquellos que podrían consumir más, los más numerosos, no pueden; los de altos ingresos son pocos y ya lo tienen todo; las inversiones se paralizan porque el consumo está paralizado y, por lo tanto, se paraliza la producción. ¿Es una teoría del subconsumo? No, porque, tal y como dice Marx, no existe crisis por falta de consumidores solventes (es una tautología, todo consumidor es siempre solvente para lo que consume). Hay crisis porque se atasca todo el sistema de producción. En la maraña keynesiana se reflejan las leyes reales de la crisis capitalista.

Por lo tanto, el consumo total no crece en la misma medida que la renta, por lo que el capital producido no se vuelve a introducir en la circulación. Paradójicamente, en este esquema absolutamente burgués, los proletarios consumen por definición todo lo que reciben, mientras que los culpables de la escasa «propensión marginal» son precisamente los «ricos». Si una parte de la población posee valor y no puede consumirlo, la redistribución forzosa de las ganancias existe en potencia antes de que a alguien se le ocurra idear teorías sociales para imponerla. En el sistema como tal, la fuerza productiva social ya muestra su exuberancia disruptiva, pero la superestructura política de clase no sabe ni puede hacer otra cosa que utilizar el valor excedente para tapar agujeros. En lugar de explotar a un gran número de proletarios, se ve obligada a mantenerlos. A nosotros todo esto nos hace pensar inmediatamente en las potencialidades de la sociedad futura, mientras que a Keynes se le ocurrió una «teoría del relanzamiento de la demanda efectiva» para eliminar definitivamente la pobreza y salvar el capitalismo para siempre. En el fondo era un optimista.

Pero, nos preguntamos, si el capitalismo ha llegado a este punto, sin duda irreversible a menos que imaginemos un enfrentamiento generalizado y violentísimo entre las clases, y si la distribución de la renta dentro de la sociedad ha alcanzado proporciones tan vastas que representa un auténtico proceso de expropiación parcial de la propiedad, ¿qué queda del libre mercado y, sobre todo, de la esencia misma del capitalismo?

Supresión inmediata del Estado del Bienestar

Supongamos que nos encontramos en una sociedad que ha puesto punto y final al dominio de la burguesía. En lo inmediato, esta se encontraría aún en una fase de transición en la que existen todas las categorías anteriores, sin excepción, porque es pura utopía pensar que de la noche a la mañana puedan eliminarse con una serie de decretos. Que existan capitalistas individuales integrados en el nuevo sistema político o que haya capitalismo de Estado no tiene importancia, el problema es, precisamente, político, no económico, ya que incluso la economía estará destinada a extinguirse (dejemos a los utópicos frustrados y fantasiosos la imagen de una dictadura del proletariado jacobina, donde por «eliminación» de la burguesía se imagina algo muy literal y, a fin de cuentas, mezquino). En este sistema, la producción sigue orientándose al mercado, las mercancías se intercambian según su precio, que oscila en torno al valor, existe el equivalente general que es el dinero y, por lo tanto, siguen existiendo guarderías, escuelas, hospitales, las pensiones y las prestaciones de asistencia de pago, da igual si es en la forma diferida de la seguridad social pagada con un reparto del valor entre las clases (que aún existen, de lo contrario, ¿para qué serviría la dictadura del proletariado?).

Esa sociedad futura ya tiene el poder efectivo de romper los vínculos de valor aunque siga produciendo valores, es decir, aunque siga explotando el trabajo humano para obtener plusvalor. Empieza de inmediato a destruir las relaciones de valor porque la producción social se lleva a sus máximas consecuencias; la empresa se integra gradualmente en un sistema industrial hasta extinguirse; el complejo productivo se considera cada vez más un único elemento de la sociedad, del mismo modo que el obrero global ya descrito por Marx producirá una única mercancía global. Esta mercancía particular se distribuirá entre la población, no desde una autoridad en la cúspide de una pirámide, sino desde un sistema que la humanidad habrá diseñado para que funcione por sí solo, del mismo modo que las células de un organismo funcionan por sí solas en función de su ADN. La autoridad no será un hombre o un comité, sino un programa en el que se basarán los movimientos de los hombres (que serán sus realizadores) y de los productos.

En esta sociedad, el dinero circula como medio de contabilidad