Reforma laboral: su asalto a los cielos era esto

«Las peticiones democráticas no pueden satisfacer nunca al partido del proletariado (…). Tratarán de convertir al partido del proletariado en una organización de partido en la que predomine el discurso socialdemócrata, tras el cual sus intereses particulares estén escondidos. Este partido (socialdemócrata) cuya traición a los trabajadores comenzará desde la primera hora de la victoria, debe verse frustrado en su nefasto trabajo, y para ello es necesario organizar y armar al proletariado»

 (Marx, Circular del Comité Central a la Liga de los Comunistas. Marzo 1850).

El pasado 4 de febrero se aprobaba en el Congreso de los Diputados la reforma laboral promovida por el Gobierno en coalición de Unidas Podemos y el PSOE. El proceso de negociación de la reforma ha sido desde el principio un auténtico circo, con un Gobierno que asegura que una reforma que cuenta con el beneplácito de la patronal y de la Comisión Europea es la reforma laboral más beneficiosa para los trabajadores de los últimos 42 años. La culminación surrealista de la reforma, con una votación salvada gracias a un diputado del PP que confundió su voto, es el fiel reflejo de la caricatura que hoy representa un Gobierno que no solo ha demostrado ser un más que solvente gestor de la miseria, sino que, además, pretende vender su gestión como una conquista de derechos para el proletariado.

Para comprender qué supone esta reforma para el conjunto de la clase trabajadora, es útil comentar antes los principales cambios que introduce con respecto a la del año 2012 promovida por el Partido Popular.

1. Temporalidad. La nueva reforma promulgada por Yolanda Díaz reduce la cuestión de la temporalidad al plano de lo jurídico, simplificando las modalidades de contratos. Desaparece el contrato por obra y servicio, y el contrato temporal se restringirá a dos casuísticas: circunstancias temporales de la producción y sustitución del trabajador. El contrato temporal podrá tener una duración máxima de seis meses, pero esto no significa que no se puedan encadenar contratos temporales. La obligación de la empresa de hacer fijo a un temporal se reduce de los 24 meses a los 18, lo que de ningún modo evita la rotación de trabajadores para evitar convertirlos en fijos. También se potencia el uso de los contratos fijos-discontinuos para la realización de trabajos con carácter estacional. Los contratos fijos-discontinuos, como el resto de entramado burocrático, favorecen que la incertidumbre, la inseguridad y la precariedad se instale en la vida del proletariado, permitiendo que empresas con una alta rotación de personal tengan su plantilla asegurada, mientras que, en periodos de actividad reducida, sea el Estado el que se haga cargo de sus salarios.
2. Subcontratación. Se ha insistido mucho en el avance que representa la reforma en este aspecto. En determinados sectores en los que las empresas subcontratan sus servicios, por ejemplo, las camareras de piso, los trabajadores se rigen por el convenio de la empresa (más lesivo que el sectorial). En teoría, esta reforma establecería la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa. Sin embargo, realmente solo se ha modificado en lo que respecta al salario, para el resto de condiciones de trabajo se mantiene el convenio de empresa, desde jornada, tiempo de trabajo, precio de las horas extra, etc.
3. Ultraactividad.[1] La reforma laboral del 2012 introdujo, por primera vez en más de 30 años, cambios profundos en la regulación de la negociación colectiva. Este es junto con la subcontratación y la temporalidad, el tercer elemento de esta reforma del que el gobierno ha presumido para sostener la tesis de la derogación. Nada más lejos de la realidad: simplemente se introduce un plazo máximo de un año para las negociaciones del nuevo convenio, sobrepasado el cual habrá que acudir a instancias de mediación y arbitraje.
4. Mecanismo RED. Permitirá a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos a cambio de que ofrezcan formación para el reciclaje o recolocación de sus empleados en otras empresas o sectores. Esto implica la consolidación de la lógica de los ERTE, los cuales han permitido mantener las ganancias capitalistas, convirtiendo al Estado en un sostén indispensable para las empresas. Un mecanismo que el Gobierno ha pretendido disfrazar de beneficioso para el proletariado y que sin embargo, ha demostrado ser incapaz de impedir que se produjeran despidos masivos. El mecanismo RED, como los ERTE, no persigue proteger a los trabajadores: su único objetivo es proteger la generación de beneficios del sistema capitalista.

Por otro lado, es preciso apuntar que el núcleo de la reforma laboral del año 2012 de Rajoy, que ya seguía una clara estela marcada por la reforma laboral del 2010 de Zapatero, se mantiene intacto. No hay cambios con respecto al coste del despido, la reforma mantiene los 33 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en caso de los despidos improcedentes; y los 20 días con un máximo de 12 mensualidades, por causas económicas. Por otro lado, no se ha tocado el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que, desde la reforma de 2012, daba más facilidades a los empresarios para hacer modificaciones sustanciales en las condiciones de los trabajadores, como la jornada laboral o el salario.

Una reforma más en favor del capital

Tenemos por tanto un Gobierno que afirma haber derogado «políticamente» la reforma laboral, y que con esta reforma «se pasa página a la precariedad en España». No dejan de ser llamativos los comentarios de Rajoy al asegurar que el Gobierno ha hecho unos «mínimos retoques» de la reforma laboral que se aprobó durante su legislatura. Del mismo modo, Garamendi, el presidente de la patronal, afirmó que con la reforma «ganaba el país», y que «habían conseguido sostener la clave de bóveda de lo que fue la reforma laboral de 2012», ya que «lo importante es que da estabilidad al país», un discurso que a todas luces evoca a los momentos posteriores al estallido de la crisis del año 2008.

El relato que el Gobierno ofrece es el de una nueva reforma que no solo pondría límite a la contratación temporal, sino que además daría una patada a la precariedad, algo diametralmente opuesto a la realidad. La cuestión de la ultraactividad y la subcontratación han sido dos de las banderas que ha alzado al cielo Unidas Podemos como grandes victorias. Sin embargo, la prevalencia del convenio sectorial (más favorable que el de empresa) solo se da en el aspecto salarial. Con respecto a la jornada laboral, horarios, compensación de horas extra y otras condiciones, el convenio de empresa, siempre más lesivo, continúa prevaleciendo. El tercer motivo de “orgullo” del que presume Yolanda Díaz engloba el conjunto de modificaciones con respecto a la temporalidad. Sin embargo, la reforma incluye claras excepciones en sectores concretos como el de la construcción, que a efectos prácticos convierte sus contratos en unos igualmente temporales[2]. Los empleos con carácter estacional (como la hostelería o el turismo, sectores tan significativos para la economía española) mantienen su carácter inestable y periódico a través de la potenciación del contrato fijo-discontinuo. Asimismo, los contratos formativos continúan siendo una de las principales herramientas de explotación de las empresas españolas, que ofrecen contratos de mínimo tres meses en los tres años posteriores a haber finalizado los estudios a menores de 30 años, a cambio de salarios inferiores, y una altísima rotación e incertidumbre.

En definitiva, existen más que suficientes formas jurídicas para hacer posible la temporalidad del empleo, y no, esta nueva reforma no ataca los límites de la temporalidad del empleo en España, ni desde luego la flagrante precariedad que vivimos. Pero es que además el planteamiento es absolutamente capcioso, porque el Gobierno sitúa la cuestión de la miseria laboral en el plano de lo jurídico. Pareciera que los contratos indefinidos representan un maná de la estabilidad en comparación con los contratos temporales. Pero, ¿qué significa un contrato indefinido en un contexto en el que es posible un despido con una indemnización de 20 días y un máximo de 12 mensualidades? El tipo de contrato laboral no es en ningún caso garantía para aplacar la incertidumbre vital que conlleva este sistema.

Sin embargo, esta reforma no solo manifiesta un brutal ataque contra las condiciones del proletariado, sino que refleja también un blindaje a la burguesía y una protección a sus ganancias. La consolidación de los ERTE es una manera de sostener a las empresas no viables económicamente a través del incremento del gasto público. La aparición del mecanismo RED no significa otra cosa que el rescate a empresas en crisis y las subvenciones a la expulsión de mano de obra. Estos mecanismos son una forma idónea de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas en un contexto de incertidumbre global marcado por una creciente tendencia inflacionaria, y una crisis energética y ecológica. No es complicado deducir que son herramientas más que oportunas para sectores centrados en la automoción, la energía o el turismo.

Esta es, por tanto, una nueva reforma que no enfrenta los elementos más lesivos de la anterior reforma del PP y que además protege la creación de beneficios económicos. Esto, sin embargo, no es algo que nos pueda sorprender. Tanto la izquierda como la derecha tienen la inexorable tarea de gobernar con el objetivo de facilitar que la máquina esté engrasada, de favorecer las condiciones de producción para continuar generando valor hinchado de valor. La capacidad de maniobra del Estado capitalista es tremendamente limitada, porque está supeditado a una lógica superior, a la inevitable inercia de generar ganancias perpetuamente de forma automática. El papel de la izquierda queda además especialmente bien retratado con todo este espectáculo en el que Unidas Podemos muestra su imagen al desnudo. Su principal victoria no es la que pretenden hacernos creer desde el Gobierno: la primera reforma que supone una conquista de derechos para el proletariado. Nada más lejos de la realidad, su principal triunfo es el de haber sido capaces de consolidar una reforma tan controvertida como la de Rajoy del año 2012, afirmando que no hay vencedores ni vencidos. Parecía imposible, pero la coalición PSOE-Unidas Podemos ha podido lograr algo que el PP no consiguió en su momento, «una reforma para todas y para todos». El mejor logro del llamado Gobierno más progresista de la historia de España no es otro que garantizar, como ya hemos explicado, el mantenimiento de la paz social. Si hay algo útil que podamos obtener de esta reforma, es que nos permite esclarecer que la izquierda no es aquel mal menor preferible. Todo lo contrario, la izquierda demuestra ser un más que solvente gestor de la miseria, que además es capaz de implantar reformas perjudiciales al proletariado camuflándolas como logros sin precedente alguno. Esta reforma es útil porque nos permite recordar que no es posible pedir lo que no puede existir: una izquierda que vela por el interés del proletariado.

[1] La ultraactividad significa que, cuando un convenio colectivo ha expirado o ha sido denunciado, aun así se mantiene en vigor hasta la negociación y aprobación de uno nuevo

[2] Se propone lo siguiente: al terminar la obra, la empresa hará una propuesta de recolocación al trabajador. En caso de que el trabajador rechace la recolocación, no se le considere cualificado para el puesto, o se considere que hay exceso de trabajadores o no haya un puesto para su perfil, su contrato se extinguirá sin indemnización.