¿Nadie se queda atrás?

También traducido al alemán y al inglés

 

Esas han sido las palabras con las que se ha llenado la boca el Gobierno de PSOE y Podemos desde aquel 14 de marzo, día ya de triste recuerdo. Esas junto a la ya consabida “moral de victoria”, para soportar abnegadamente los rigores del confinamiento y la crisis sanitaria y económica en beneficio de “la paz social de nuestra patria”, porque es “nuestro deber para con nuestros compatriotas”: una fraseología impostada, que pretende emular el lenguaje que inspiró las grandes hazañas bélicas de la burguesía, llevándose como entonces la vida de millones de trabajadores de todo el mundo. Una fraseología vacía de cualquier contenido que no sea el de sostener a toda costa un sistema que está naufragando, que cada vez hace aguas por más sitios, y, sobre todo, que quiere que nos hundamos con él. Nueve meses han bastado para hacer trizas esas ardorosas afirmaciones, que en cualquier caso ya sabían que no podían cumplir. Ojalá fuera solo esa pompa nauseabunda la que ha quedado destruida, pero por este penoso camino han quedado destruidas también cerca de 100.000 vidas en condiciones lamentables tanto durante su estancia en los hospitales (algunos oficiales, otros improvisados) como después de fallecer (como aquel horror del Palacio de Hielo de Madrid), y miles de proletarios han perdido sus puestos de trabajo y se han visto empujadas a hacer cola en las parroquias y en los bancos de alimentos para tener algo que comer al final del día. Las consecuencias de esta crisis devuelven a muchas personas a hacerse una pregunta: ¿dónde están todos esos seres queridos con los que hace un año celebrábamos estas fechas, sin imaginar lo que nos esperaba?, pero también, ¿dónde está toda la ayuda prometida, toda esa lluvia de millones de euros que rápidamente nos iba a sacar de la crisis, “en forma de V”?

Probablemente es aquí donde las cosas dejan de ser tan nítidas como en esos discursos, y nos encontramos con esta confusa realidad que tanta incertidumbre nos depara para los próximos años. El ya conocido como “Gran Confinamiento” (como si hubiéramos sufrido otro) ha sacudido las finanzas de todo el mundo y en España ya ha ocasionado la mayor recesión desde la Guerra Civil. A pesar de ello, la economía española ya estaba frenando su crecimiento a principios de 2020, con un crecimiento del PIB del 2% el año anterior, frente al 2,6% de 2018 o el 3,1% de 2017, siendo este dato anterior a la pandemia. Lo que ha hecho el período de confinamiento, por tanto, ha sido acelerar y profundizar una crisis económica que de todas formas se iba a producir. Lo que se ha visto con claridad ha sido la necesidad que tiene la economía de mantenerse en continuo movimiento para crecer, aun a costa de nuestra salud. Prueba de ello es que las dos primeras semanas del estado de alarma (las únicas dos en las que se paralizó una parte significativa de la actividad económica, propiamente hablando, junto con los primeros nueve días del mes de abril) bastaron para que el PIB cayera en el primer trimestre del año un 5,3%, el doble que en el primer trimestre de 2009, que fue el peor de la anterior crisis.

Entonces fue cuando el Gobierno de Sánchez e Iglesias decidió bendecir la maltrecha economía con una lluvia de millones que no conocía precedentes, con tal de que esa recesión no se tradujera en desempleos. Así pues, ni cortos ni perezosos, los queridos administradores de nuestra miseria decidieron movilizar 200.000 millones de euros en forma de avales públicos para impulsar el crédito bancario, lo que a su vez se tradujo en ese intento de parchear la economía y retrasar lo inevitable, los ERTEs, a los que llegaron a estar acogidos 3,4 millones de trabajadores en el mes de abril. Si a esto le sumamos los 3 millones de parados previos a la pandemia, más los 800.000 empleos que fueron destruidos sin remedio a pesar de los ungüentos y brebajes de los doctores de la economía, nos deja una cifra de parados superior a los 7 millones, lo que equivaldría a una tasa del 30% de paro. A partir del 9 de abril se empezó a retomar la actividad económica de forma escalonada, hasta que el 21 de junio terminó el estado de alarma y comenzó la llamada “nueva normalidad”, y con ella la actividad económica a pleno rendimiento. No obstante, a pesar de que el segundo trimestre del año solo tuvo nueve días de cierre de la economía, lo gradual de la reapertura de los diversos sectores (la famosa “desescalada”) hizo que cayese el PIB en un 17,9%, una caída a la que nunca antes se había aproximado la economía española, y que además fue la más severa de los países del euro.

La reapertura durante el verano de un sector clave como es el turismo, sumado a la reapertura de las fronteras, supusieron un repunte de la economía al mismo tiempo que repuntaban los contagios. En cualquier caso, y a pesar de la euforia, el repunte fue insuficiente, porque si bien el PIB subió un 16,4% en el tercer trimestre (más que nunca), reduciendo la caída anual al 9%, lo cierto es que el turismo solo funcionó a un 10% de lo que solía ser en años anteriores. Para el final del verano nos encontrábamos en una segunda ola de la pandemia y la recuperación económica ya daba signos de agotamiento, a pesar de los malabares de las diferentes administraciones para encontrar un equilibrio entre salud y economía (lo que implícitamente suponía reconocer la contradicción que existe entre ambas). El único equilibrio posible para la burguesía es el que hemos estado viendo a lo largo de estos nueve meses, un número de muertos que consideraron aceptable a cambio de una cantidad aceptable de ruina. La función determina al órgano y la función del Estado capitalista, del color político que sea, es favorecer e impulsar la acumulación del capital. Cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Como siempre, nuestra crítica nace de la contraposición antagónica a cualquier política gubernamental porque todas ellas se ubican en el terreno del capital. Lo que sí nos parece importante es desvelar el cinismo y las mentiras del gobierno y de su sector izquierdista en particular, Podemos, con su fanfarria de promesas vacías que encubren los brutales ataques del capital a nuestra clase.

Así, en octubre se superaba la barrera del millón de contagiados (según cifras oficiales) y el Gobierno decretó un nuevo estado de alarma que se prolongará hasta el mes de mayo, si bien este es un estado de alarma diferente al decretado en marzo, en el que lo fundamental es ir tomando “medidas quirúrgicas” en cada comunidad autónoma para que la economía sufra lo menos posible, manteniendo abiertos colegios, universidades y centros de trabajo, con las consiguientes aglomeraciones tanto en estos lugares como en los transportes públicos que todos los días toman millones de proletarios para ir hasta ellos. Eso sí, un estado de alarma respetuoso con la noche, que sabemos que a todos nos confunde, y por ello nuestros burócratas decidieron implantar el “toque de queda” (o más bien 17), es decir, una hora a la que todos tendríamos que estar recogidos en casa como ciudadanos responsables. Porque, como todos sabemos, el virus contagia más de noche, y en particular si estamos realizando alguna actividad que no esté directamente relacionada con el crecimiento de la economía (véanse actos tan abyectos y detestables como quedar con nuestros amigos o ver a nuestros familiares), así que han sido prestos a la hora de aplicar sus mejores estrategias de comunicación, como aquellos carteles tan siniestros que cuelgan de fachadas de edificios oficiales y en marquesinas del metro de Madrid que dicen que le daremos una muerte fatal a nuestros mayores por ver a nuestros amigos en fechas próximas a las citas más señaladas para la economía (como la Navidad). Además, para añadir contundencia a su mensaje, aderezan su campaña de señalización de los malos ciudadanos con esa estética gore que tanto excita a los que hacen las campañas de la DGT todos los veranos.

Con el nuevo estado de alarma se empezaron a imponer nuevas restricciones que, si en el verano le habían tocado al ocio nocturno, esta vez le tocaban a la hostelería en general, así como cierres perimetrales y confinamientos de zonas determinadas. Mientras tanto, la cifra de trabajadores afectados a los ERTEs volvía a superar los 750.000, lo que no garantiza su cobro. Al colapso de la Seguridad Social, que en la mayor parte de los casos ni siquiera cogía el teléfono, ha seguido el auge de mafias que mercadeaban con las citas para pedir la prestación por ERTE, dado que el plazo de espera puede llegar a los seis meses, es decir, que un trabajador puede pasar medio año sin percibir ningún ingreso hasta que la administración de turno tenga a bien darle unas migajas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el desembolso económico no pasa en balde para el Estado. A finales de diciembre se espera que la economía cierre el último trimestre del año con una nueva caída, que el Banco de España estima cercana al 1%, lo que será un nuevo freno a su ansiada recuperación económica del 2021, y esto se traducirá en que 2020 cerrará finalmente con una caída de entre el 11% y el 12% del PIB. Por otra parte, el gasto de la pandemia ha supuesto que el déficit público se haya disparado al 11% desde el 2,8% en el que estaba en 2019, lo que a su vez ha hecho que la deuda pública se haya incrementado hasta el 120% desde el 95,5% del año anterior. La tasa de paro, que oficialmente se sitúa en torno al 16%, se eleva hasta el 21,5% si contamos a los afectados por los ERTEs, una parte de los cuales no volverá a su puesto de trabajo cuando acabe la prestación, que según las últimas noticias se ha prorrogado hasta marzo. Así las cosas, las ayudas prometidas por la UE para los próximos años, valoradas en 72.000 millones de euros, se muestran insuficientes ante la crisis que sufre el Estado, y en particular para solventar la borrachera de avales públicos que se ha producido, en lo que parece una burbuja de manual. Para 2021 se espera un crecimiento del PIB del 6%, muy lejos de las caídas sufridas este año, pero el Gobierno, haciendo gala de su habitual optimismo, eleva esa previsión al 7,2%, y sube la apuesta hasta el 9,8% contando las ayudas europeas.

Y mientras ellos se las prometen felices para el año que entra, a los trabajadores nos espera una más que previsible congelación de los salarios (a pesar de la patética escenificación del sector podemita del Gobierno). También se nos impondrá la reforma de las pensiones que exige la UE a cambio de sus ayudas, por la que las cotizaciones se calcularán a partir de los últimos 35 años, y no de los 25 como hasta ahora, y se subirá la edad de jubilación, como ya hizo el gobierno socialista de Zapatero, hace ahora una década. Todo ello por no hablar de la privatización progresiva del sistema de pensiones y de la más que posible implementación de la mochila austriaca, es decir, la gestión a partir de entidades privadas de las indemnizaciones por despido, que Sánchez lleva tanteando desde su que accedió al Gobierno en 2018. Además, teniendo en cuenta el salvaje déficit de la economía española, parece bastante probable que el tándem PSOE-Podemos prepare un nuevo tijeretazo a esos servicios públicos de los que tanto hacen bandera. Como remedio para el desempleo reciclan una vieja propuesta del “ex ala derecha” de Podemos, reducir la semana laboral a cuatro días, para así forzar a los empresarios a contratar más mano de obra. No deben saber los profesores de la Complutense lo que son las horas extra sin declarar, o que ningún empresario va a pagar por cuatro días el mismo sueldo que si trabajaras cinco. Y es que la tasa de ganancia es la que manda en el mundo real del capital: el resultado de la propuesta será que, a menos días trabajados, menor salario recibido. Posiblemente por eso, según una reciente encuesta casi un 60% de los trabajadores se opone a la medida, que solo serviría para mermar nuestro ya escaso poder adquisitivo. Todos estos son los motivos por los que Sánchez se regocijaba en su comparecencia triunfal del pasado 29 de diciembre, pues a fin de cuentas está cumpliendo con su función, que no es otra que salvar la economía al coste que sea.

Todo esto y quién sabe qué más es lo que nos espera a los trabajadores para 2021. Miseria, pobreza y violencia física y psicológica para millones de personas por todo el mundo. Incertidumbre e impotencia ante tanta desgracia y tanto sufrimiento. Pero esto es temporal, y esta calma chicha que vivimos pronto se convertirá en un vendaval, el vendaval de nuestra clase, de nuestras necesidades, que independientemente de su resultado acabará de manera irremediable con esa “unidad nacional” que se pregona desde el Gobierno, y eso ya habrá sido una victoria de nuestra clase. Porque solo queremos vivir de forma humana, y eso siempre nos va a conducir al estallido contra este mundo que cada vez condena a más gente a la miseria, a la pobreza y a la muerte. No habrá sindicalistas ciegos de marisco y de cocaína que puedan garantizar la “paz social” en los años venideros. No hay pactos posibles con este mundo, solo la revolución nos sacará de este atolladero, y eso es algo que cada día más y más personas tienen claro por todo el mundo, y en eso debemos trabajar. ¡No habrá paz para nuestros asesinos! ¡Por un 2021 en llamas!

 

A 31 de diciembre de 2020